El nuevo texto "propicia la privatización y aumenta la burocracia", según la oposición
MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los votos en solitario del PP permitieron hoy que la nueva ordenanza por la que se regula el acceso a los servicios de Ayuda a Domicilio para mayores de 65 años y personas con discapacidad en centros de día y residenciales saliera adelante en el último Pleno de la temporada --a pesar de las 78 enmiendas parciales del PSOE y la enmienda a la totalidad de IU-- para, dar según los populares, "un mensaje de seguridad a los madrileños en el actual momento de confusión entre las expectativas generadas por la Ley de Dependencia y la realidad de su aplicación".
Por su parte, la portavoz de IU de Familia y Servicios Sociales, Milagros Hernández, sugirió al equipo de Gobierno que retirara la ordenanza del orden del día del Pleno para volverla a traer "cuando se alcance un acuerdo con la Comunidad de Madrid" porque, de lo contrario, se crearán dos redes paralelas de atención, sobre todo cuando "ni es el momento de redactarla ni, en ningún caso, es la ordenanza que necesita una ciudad con tantas necesidades sociales como Madrid".
La posibilidad de impugnar la ordenanza en los tribunales fue una de las amenazas que sobrevoló en la bancada de IU después de afirmar que el texto tiene como objetivo "excluir de ella a los que reciben prestaciones de la Ley de Dependencia sin resolver el cómo de los dependientes" ya que abogan por "complementarla con contratos de la Comunidad de Madrid".
La edil de IU cree que con la nueva ordenanza "acota el presupuesto municipal por encima de los derechos de las personas" y "empeora la situación actual aumentando la burocracia", al tiempo que "rompe la red única". Hernández recordó que el nuevo texto coincide con la implantación de la Ley de Dependencia, que se encuentra en un proceso aún no concluido en las autonomías y que en la Comunidad de Madrid "está siendo un auténtico desastre".
Por su parte, la concejala socialista Carmen Sánchez Carazo insistió en que la nueva ordenanza "va a recortar los servicios sociales" de los madrileños y "no incorpora medidas para los dependientes temporales, no aumenta la intensidad de los servicios y se deja fuera a los inmigrantes sin papeles".
El debate fue zanjado por la delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, tras aseverar que la nueva ordenanza será positiva para los más de 150.000 usuarios de los servicios sociales prestados por el Ayuntamiento de Madrid y con que "encontrarán más transparencia y equidad en el acceso (a estos servicios), independientemente del distrito en el que residan".
La edil matizó que el texto se destina a mayores de 65 años y discapacitados en el acceso a determinadas prestaciones municipales y resulta imprescindible "por no estar amparados por otra norma", como la Ley de Dependencia, cuyas competencias, como recordó, corresponde al Estado y a las comunidades autónomas.
Esta ordenanza, expuso Dancausa, persigue como objetivos establecer un único procedimiento para la adjudicación de los servicios y la aplicación de un baremo para graduar la situación de los usuarios. También aseveró que el 37 por ciento de las alegaciones presentadas fueron aprobadas.
