PP reprocha a Vox en Madrid que "señale de manera terrorífica" a inmigrantes mientras Gobierno les "condena a muerte"

La diputada del PP Elisa Vigil ha reprochado este jueves a Vox en Madrid que "señale de manera terrorífica" a los inmigrantes que llegan a España, mientras que ha censurado que el Gobierno de España "condene a muerte a la gente que viene en patera".

Ha sido en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) de Vox en la Asamblea de Madrid en la que planteaban una batería de medidas sobre migración reclamadas tanto al Gobierno central como al autonómico.

Entre ellas se encontraban la expulsión "urgente e inmediata" de migrantes en situación irregular, incrementar la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en barrios "más castigados por la inmigración ilegal masiva", oponerse a la "acogida en Madrid de cualquier" migrante que haya "entrado ilegalmente a España" o cerrar los centros de menores extranjeros no acompañados.

Para exponer la propuesta ha tomado la palabra la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, quien ha subrayado que la "invasión migratoria" se ha convertido en un "grave problema" para los españoles y, en concreto, en la región ha censurado que el PP junto con la izquierda "impulsa y protege las políticas que fuerzan a los vecinos a convivir con la criminalidad".

"Cada día que ustedes, políticos profesionales del bipartidismo, siguen cruzados de brazos, el barrio se hunde un poco más", ha afirmado, a la vez que ha asegurado que no hay "medias tintas ni equidistancias" en este asunto.

"O se está con Antonio, que trabaja doce horas, o se está con el ilegal que vive del esfuerzo del trabajo de Antonio", ha valorado, a la vez que ha reprochado que el PP se una a la izquierda para "dar la espalda" a la seguridad de los barrios en Madrid. "Cuando llegue la hora de elegir, recordad que ellos nunca os eligieron a vosotros", ha indicado.

Por su parte, la parlamentaria 'popular' ha señalado que su partido está "con el orden y la ley" y ha negado que ellos estén realizando un "efecto llamada". Considera que la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, está "muy nerviosa" y ha insistido en que no tienen competencia para decidir sobre este asunto.

"Usted confunde en este asunto con demasiada frecuencia el legítimo control de fronteras en el que estamos todos seguramente de acuerdo, bueno, aquí este lado no, con la inhumanidad que ustedes pregonan. Es decir, luego van a misas los domingos pero son ustedes muy incoherentes. Ustedes, como la izquierda, lo que están haciendo es colectivizando la inmigración", ha reprochado, a la vez que ha asegurado que Vox "cada vez se va quedando más chiquitito en este aspecto".

LA IZQUIERDA CARGA CONTRA LAS "MENTIRAS" Y "RACISMO" DE VOX

Por el PSOE ha tomado la palabra la diputada Tatiana Jiménez, quien ha afirmado que la iniciativa va "en contra de la Constitución" y que en ella hay "muy poca honestidad política" al estar llena de "mentiras, de tergiversaciones y de argumentos engañosos que solo buscan confundir" y con componentes de "racismo y xenofobia".

Entre estas mentiras ha situado la vinculación entre migración y la criminalidad, recordando que España tiene actualmente "la tasa de criminalidad más baja desde que existen estadísticas" mientras que en los últimos 15 años la población extranjera en España se ha "incrementado notablemente". Además, ha apostillado que la población migrante aporta el 10% de los ingresos de la Seguridad Social pero "solo consume el 1%".

A continuación ha intervenido la diputada de Más Madrid Diana Paredes para quien la iniciativa de Vox es "abominable, vomitiva y revulsiva, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista político y moral".

"Lo disfrazan de seguridad , pero lo que proponen en realidad es un proyecto ya caducado de sociedad basado en la mentira, el racismo y la xenofobia", ha lanzado Paredes, quien considera que la "verdadera amenaza" es el partido de Moñino, quien "instrumentaliza el miedo y el odio" para dividir la sociedad.

LA PROPUESTA COMPLETA

En el caso de las reclamaciones dirigidas al Ejecutivo nacional se encontraban la tramitación "urgente" de la expulsión de todos los migrantes "ilegalmente" en España y de aquellos legales que hayan "cometido delitos graves", el delito leve sea "su forma de vida" o "que propaguen ideologías o religiones contrarias a los principios fundamentales de la sociedad" española.

Planteaban como penas la pérdida de nacionalidad española y expulsión del territorio para menores y adultos extranjeros "condenados", tramitar la repatriación de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen e incrementar "los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, en los barrios y pueblos más castigadas por la inmigración ilegal masiva desbordada, donde la convivencia está en riesgo".

Por su parte, a la Comunidad de Madrid le pedían oponerse a la acogida de migrantes que hubieran entrado "ilegalmente" en Madrid, realizar pruebas de edad a los menores, cerrar los centros de acogida para ellos o informar "detalladamente" del número de menores, dónde están y "que coste suponen" para la administración así como "la edad, sexo y nacionalidad" de los mismos.

Reclamaban también publicar "la cuantía de todas las ayudas percibidas por inmigrantes ilegales por parte de la Administración madrileña" e impulsar modificaciones legislativas para "incorporar el principio de prioridad nacional" para el acceso a prestaciones sociales y en las bases reguladoras de subvenciones para "garantizar la atención en primer lugar a los españoles".

Instaban al Gobierno autonómico a "proteger a identidad cultural y las tradiciones propias de Madrid, garantizando que no se impongan prácticas culturales contrarias a las libertades, costumbres y principios democráticos y sociales" de la misma. Pedían, asimismo, un plan específico de apoyo económico para que aquellos municipios madrileños "más afectados por la presión migratoria puedan reforzar su seguridad".