MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha afirmado este lunes que es "necesario" centralizar en un solo tribunal el juicio de los delitos por corrupción.
En una jornada sobre Justicia organizada por los socialistas en la Asamblea de Madrid, Juanes ha afirmado que los tribunales españoles "sí" están a la altura de las circunstancias para juzgar este tipo de delitos, pero ha considerado que "podría ser mejor".
Para mejorar el juicio de estos delitos ha señalado que "es necesario centralizar en un tribunal" este tipo de trabajos, ya sea la Audiencia Nacional o en otro juzgado. Además, ha abogado por una mayor especialización de los magistrados, la creación de unas normas procesales específicas, la definición de la corrupción en el Código Penal, fortalecer los medios de investigación y, sobre todo, la existencia de un tribunal concreto dedicado a esta tarea para que "no se produzca dispersión".
"Se impone una regeneración democrática desde ya. No mañana. Desde hoy", ha aseverado Juanes, quien ha criticado que en España "hay una tendencia para acudir al Derecho Penal", pero antes de llegar a ese derecho "hay que acudir a una serie de medidas preventivas para evitar que la corrupción se produzca", ya que "no se trata de actuar cuando ya se ha producido la corrupción".
En opinión de Juanes, "el populismo punitivo que se está dando cada día más" lo que hace es "bajar el listón de las garantías" porque "cuanto más Derecho Penal populismo punitivo, menos garantías y más indefensión para los ciudadanos".
En este punto, ha destacado la necesidad de medidas preventivas como el impulso de un consenso de partidos políticos contra la corrupción, la tramitación de una Ley de Transparencia, la creación de un portal electrónico integral de transparencia pública de aplicación para todo el sector público y con contenido detallado y de tipificar como delito el despilfarro público y la financiación ilegal de partidos.
También ha abogado por establecer una Ley de protección del denunciante de prácticas corruptas ilegales, llevar a cabo políticas educativas de la legalidad, crear registros públicos referidos a todo el sector público, profesionalizar y despolitizar el empleo público y contratar con respeto a principios de mérito y capacidad, despolitizar los órganos judiciales como el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y, en especial, el Tribunal de Cuentas que, a su juicio, debe "reformarse a fondo", ya que es "clave para luchar contra la corrupción".
"Hay que impedir que el Tribunal de Cuentas se tome por partidos políticos", ha defendido para indicar que hay que hacerlo "más independiente", dotarlo con "muchos más medios" y que sus informes estén disponibles en el plazo de seis meses".
Asimismo, ha apostado por cumplimiento de la convención de Naciones Unidas contra la corrupción, reformar la financiación de partidos políticos, establecer la obligada de remisión de publicación on line de cuentas de partidos políticos, la expulsión de las listas electorales de los imputados por corrupción, el compromiso de todos los cargos públicos en hacer pública su declaración de bienes e intereses, crear un agencia independiente de contratación pública, regular actuación de los lobbies, reformar el sistema electoral acabando con las listas cerradas, mejorar la proporcionalidad y limitar los costes de las campañas electorales.
