El Grupo municipal "confía" en los 9 acusados por presunta prevaricación y cree que el caso se ha mantenido "en el tiempo de manera artificial"
LEGANÉS, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de la Agrupación Socialista local de Leganés y diputada regional por el PSOE, Laura Oliva, ha pedido este martes que se respete el "principio de presunción de inocencia" con el exalcalde socialista José Luis Pérez Ráez y ocho de sus excolaboradores en su último Gobierno.
Oliva ha hecho estas declaraciones tras conocerse que el juzgado de Instrucción número 6 de Leganés ha abierto juicio oral y ha fijado una fianza de 101.478 euros por el caso 'Cuadrifolio', en el que se investiga una presunta prevaricación en el pago de una factura por ese importe en la última Junta de Gobierno de la legislatura 2003-2007.
En este sentido, Oliva ha reclamado, en declaraciones a Europa Press, que se respete este principio, "lo contrario a lo que está haciendo --a su entender-- el PP de Leganés". "Lecciones del partido de la trama 'Gürtel' no aceptamos ninguna, ni en Leganés, ni en Madrid ni en ninguna parte del territorio nacional", ha precisado.
Además, ha asegurado que, desde la Dirección local, están "convencidos" de que "todo obedece a un intento del PP de tapar su inexistencia gestión en Leganés y de desviar la atención hacia otro lado cuando, en este momento --ha agregado--, se están produciendo recortes que no tienen que ver con la crisis y sí con la política de Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Jesús Gómez, que quieren acabar con el estado de bienestar".
Por su parte, el Grupo de concejales del Partido Socialista en el Ayuntamiento ha mostrado este martes su "absoluta confianza en los compañeros" implicados en el caso. "Nuestro apoyo y solidaridad sin fisuras, en lo que adquiere preocupantes tintes de persecución ideológica y utilización partidista de la Justicia para ello", ha precisado el Grupo en un comunicado.
En cuanto a la reapertura del proceso judicial, los socialistas han precisado que "este caso se ha mantenido en el tiempo de manera artificial, agotando el PP todos los recursos como les ha sido posible a pesar de que ya contó con un sobreseimiento libre".
Con ello, han hecho alusión al archivo inicial que decretó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como a la desestimación por parte de la "Fiscalía Anticorrupción".
"Si ahora es en Getafe y por lo penal donde se vuelve a reabrir el caso es porque ya no existe aforamiento de nadie, pero en lo sustancial no hay ninguna novedad con respecto a esta misma causa, archivada ya en su día", han precisado.
APERTURA DEL JUICIO
Las valoraciones de los socialistas leganenses se producen tras conocerse que el juzgado ha acordado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Leganés y exdiputado regional Jose Luis Pérez Ráez y contra ocho de sus excolaboradores, en un proceso donde ha fijado una fianza de 101.478 euros para asegurar las "responsabilidades pecuniarias" que pudieran imponérseles.
En el auto notificado se abre juicio oral también contra el exconcejal socialista y exportavoz del grupo la pasada legislatura, Antonio García, y contra los exconcejales Margarita Pedruelo, Mariano Maroto, Florencio Izquierdo, Yolanda Sevilla, Rita Salinas y Francisco Arroyo; así como a la exdirectora de Informática, Virginia Moreno.
En diciembre de 2010, el magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que llegó el caso por ser en aquel momento José Luis Pérez Ráez aforado por su condición de diputado regional, decretó la "apertura de juicio oral".
El magistrado había ordenado previamente, en abril, el sobreseimiento de la causa, pero el Partido Popular interpuso un recurso de apelación para impugnar esta resolución judicial que fue aceptado el 13 de octubre, de tal manera que el magistrado tuvo que decidir de "modo razonado sobre la apertura del juicio oral".
En los fundamentos de derecho, el magistrado argumentó que la apertura de juicio a instancias solamente de la acusación 'popular' estaba justificada en este caso porque los delitos podrían afectar "a bienes jurídicos de carácter colectivo sin que exista posibilidad razonable de que se persone un interés particular". Esta situación, según el auto, facultaría a reconocer a la "acusación popular legitimación suficiente para pedir por si sola la apertura del juicio oral".
La causa empezó a tomar forma en octubre de 2009, cuando la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM argumentó que había indicios de delito en el caso y afirmó, en los fundamentos de derecho del auto, que los siete exediles que participaron en la Junta de Gobierno donde se aprobó el pago (Antonio García Blázquez, Margarita Pedruelo, Mariano Maroto, Florencio Izquierdo, Yolanda Sevilla, Rita Salina y Francisco Arroyo) fueron "ilustrados de las anomalías en que incurrían" por parte de Intervención y del secretario municipal. Pérez Ráez fue llamado a declarar, así como los exediles.
Ya en abril, el TSJM decidió el archivo en un auto de cinco páginas que concluía que "los hechos no son integrantes de delito alguno" y que remarcaba que procedía el archivo de las diligencias al no estar "personado en el proceso acusación particular alguna". Tras el recurso de apelación del PP, la Sala estimó el recurso el 13 de octubre y autorizó la apertura de juicio oral.
