MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La región madrileña registró nueve primeros meses de año se han producido 57 accidentes mortales, 17 más que en el mismo periodo de 2017, según datos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo facilitados por CC.OO.
Durante este periodo se han producido un total de 69.658 accidentes de trabajo, que suponen un incremento del 6,11 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. De estos 57.359 han sido accidentes durante la jornada de trabajo y 12.279 han sido 'in itinere'.
El dato más destacable y preocupante es el aumento de los accidentes mortales, que ya se está consolidando como una tendencia a lo largo de todo el año 2018. Se ha pasado de 40 muertes en 2017 a 57 en 2018, lo que significa que se ha producido un incremento de las muertes en el trabajo del 42,5 por ciento.
En el análisis de la mortalidad por sectores para el sindicato es muy significativo el aumento del sector de Industria, que ha pasado de 2 a 7 trabajadores fallecidos, pero también el aumento de los sectores de servicios y agricultura, que han pasado de 21 a 29 y de 0 a 3 respectivamente.
Para CCOO de Madrid, la siniestralidad laboral es un problema de primer orden, porque 57 personas fallecidas y 319 con lesiones graves o muy graves "son cifras inasumibles para una sociedad que se considera moderna como la madrileña".
El sindicato quiere denunciar cómo la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo son la causa del repunte de la siniestralidad, "que arrancó con la última reforma laboral".
La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmen Mancheño, considera que en un momento de crecimiento económico, como el actual, "no es tolerable que la salud y la vida de las y los trabajadores se ponga en peligro", y por ello, reclama a los empresarios que "corrijan sus prácticas, cumplan las leyes y asuman su responsabilidad y su deber de protección, porque no es tolerable que los beneficios empresariales descansen en la pérdida de la salud y de la vida de la población trabajadora".
"Es necesario igualmente que las administraciones sean más exigente en el control y para ello es imprescindible fortalecer la Inspección de Trabajo y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo como instrumentos fundamentales de control y defensa del derecho al trabajo, actuando enérgicamente contra los incumplimientos de la legislación preventiva, pero también es necesario que se fortalezca la Fiscalía en su papel en la depuración de las responsabilidades en la vía penal, porque además de ser moralmente necesario el resarcimiento de las víctimas es también un potente instrumento preventivo", ha añadido.
