MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, se comprometió hoy por escrito con una docena de asociaciones de vecinos, jóvenes y mayores de la región a garantizar por ley el acceso a una vivienda de todos los madrileños.
Simancas asumió este compromiso tras presentar el primer artículo de la Ley de Garantía al Acceso a la Vivienda que su Gobierno aprobaría antes de diciembre y que calificó como una medida "audaz, valiente, original y absolutamente necesaria" para "hacer frente con garantías a uno de los problemas más graves de la sociedad madrileña" y para "acabar con la angustia que sufren muchas familias" de la región.
El primer artículo de esta ley establecería textualmente que "todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, en propiedad y alquiler" y que "la Comunidad de Madrid reconoce este derecho y adopta las medidas necesarias para garantizarlo, y para que los madrileños y madrileñas puedan reclamar su cumplimiento efectivo".
"CONVERTIR NECESIDADES EN DERECHOS"
El aspirante socialista, que fue firmando uno por uno los compromisos correspondientes a cada una de las asociaciones, explicó que el objetivo de esta medida es convertir "un derecho constitucional" como el del acceso a la vivienda en "subjetivo", de forma que sea "reclamable en los tribunales" si las administraciones "no garantizan su ejercicio".
"Este compromiso no es un brindis al sol, no es una promesa para no cumplir, como las 79.000 viviendas para jóvenes de Esperanza Aguirre", indicó Simancas durante un acto electoral en la sede del PSM en el que aseguró que "el acceso a la vivienda es un problema grave que tiene solución si hay coraje y voluntad de solucionarlo con garantías". "Vamos a garantizar el acceso a una vivienda digna a un precio que tú, que cualquiera pueda pagar", prometió.
Con el objetivo de "convertir necesidades en derechos", el plan diseñado por el PSOE contempla la construcción en la próxima legislatura de 108.000 viviendas protegidas en propiedad a precios de entre 95.000 y 110.000 euros y 40.000 en alquiler con rentas de entre 210 y 300 euros. Según los socialistas, estas actuaciones permitirían el acceso a este bien de los madrileños que tienen unos ingresos familiares inferiores a 28.775 euros y que actualmente no tienen acceso al mercado libre.
Entre los colectivos que participaron en el acto se encontraban la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Asociación de Mayores y Pensionistas Pablo Iglesias, las secciones de Juventud de UGT y CCOO, el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada o entidades del mundo de la educación, como la Unión de Estudiantes Progresistas, la Asociación Magenta o la agrupación Más Derechos. También recogió un compromiso la candidata a diputada y miembro de la dirección de la ONCE, Fátima Peinado.
El presidente de la FRAVM, Francisco Caño, defendió que la vivienda "no puede ser un bien mercantil" y se manifestó convencido de que una ley como la propuesta por Simancas es "posible". No obstante, advirtió al candidato de que su organización le exigirá este compromiso si gana las elecciones. "Si sales elegido, te pediremos que lo mantengas y si no, nosotros te lo reclamaremos", dijo.
JÓVENES, MAYORES Y DISCAPACITADOS
Simancas centró su intervención en las necesidades de vivienda que tienen los jóvenes, los mayores y los discapacitados. Al primer colectivo, formado por 800.000 madrileños menores de 35 años que "necesitan una primera vivienda porque no pueden acceder al mercado libre", prometió dedicar el 60% de todas las promociones que se pongan en marcha, lo que supondría unos 90.000 pisos.
A los mayores de 65 años, que cifró también en torno a los 800.000, les garantizó la construcción de pisos tutelados con servicios de atención geriátrica. A este colectivo se le destinarían "porcentajes variables" de cada una de las promociones, "en función de las necesidades" y de la población mayor que exista en cada municipio o distrito.
El candidato socialista también se comprometió a dedicar un 3% de las nuevas viviendas (unas 4.400) a las 200.000 personas con dependencias que viven en la región, que contarían con edificios "en condiciones de accesibilidad" y dotados de "servicios específicos" para este colectivo.
Asimismo, complementó estas propuestas con un Plan de Ordenación Urbana que permitiría rehabilitar 180.000 viviendas hasta el año 2015, la salida de 30.000 pisos vacíos al mercado de alquiler, la aprobación de una línea ayudas de 3.000 euros al año para el pago de arrendamientos y la reducción del 7 al 4% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que grava la compra de vivienda de segunda mano.
