Afirma que no ha habido "trato de favor" hacia Aúpa
MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
La candidata de IU a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, ha asegurado este miércoles que no sabía que su hermano era administrador de una licitadora del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid cuando ella era concejal de Cultura.
"Yo no conocía que mi hermano era el administrador, conocía que trabajaba en Aúpa pero no que era administrador", ha manifestado durante su comparecencia en la comisión de investigación que se ha constituido en el seno del Ayuntamiento de Rivas para analizar la adjudicación de contratos por valor de 1,3 millones de euros a la cooperativa de la que su hermano, Héctor Sánchez, fue socio y administrador, siendo además el padre de ambos, Raúl Sánchez, concejal de Deportes.
La actual diputada de IU en la Asamblea de Madrid fue concejal de Cultura de Rivas entre 2007 y 2011 y miembro de la Junta de Gobierno que adjudicó uno de los contratos cuestionados a la cooperativa de su hermano en 2008.
Tania Sánchez ha insistido en que todo el procedimiento de contratación de la cooperativa Aúpa para el desarrollo de talleres musicales se llevó a cabo en la mesa de contratación, por lo que ella no es adjudicadora, según ha manifestado.
Asimismo, ha recalcado que de 4.000 asuntos tratados por la Junta de Gobierno durante el periodo en que era concejal (2007-2011), solo cinco fueron sometidos a votación y el resto fueron aprobados por unanimidad, tal y como dicen las actas a las que se ha referido.
"Probablemente debí estar más atenta a los puntos que se trataban. Sí, debí estar más atenta y creo que bastante estoy pagando por no haberlo estado", ha manifestado la candidata de IU a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
"Quizás por el simple hecho de que fuese trabajador tendría que haberlo comunicado", ha admitido Tania Sánchez, quien ha dicho que tampoco comunicó que su madre trabajaba para un banco donde el Ayuntamiento tiene cuentas y ha asegurado que de haber sabido que su hermano era administrador de una licitadora del Ayuntamiento habría consultado a los servicios jurídicos al respecto.
"Quizás tenía que haber consultado a los servicios jurídicos o tomar alguna decisión que no tomé", ha agregado, ante las críticas por no haberse inhibido en la Junta de Gobierno en la que se aprobó la adjudicación.
No obstante, ha recalcado que en todos los ámbitos en que ha tenido "responsabilidad directa" de gestión nunca ha tenido relación con dicha cooperativa, al tiempo que ha señalado que no conoce las empresas que tienen relación con el Ayuntamiento no vinculadas a sus ámbitos de gestión.
A petición de los miembros de la comisión, Tania Sánchez ha explicado que en un primer momento dijo que no había acudido a la Junta de Gobierno que adjudicó el contrato a la cooperativa de su hermano en 2008 porque no recordaba haberlo hecho.
En este sentido, ha indicado que en el periodo en que fue concejal se celebraron unas 50 juntas anuales y "uno puede errar y pensar que no estaba o que sí estaba", al tiempo que ha dicho que debería haber buscado la documentación antes de hablar sin haber revisado las actas y con la "absoluta tranquilidad" de que no tiene "nada que esconder".
"NO SE HA PRODUCIDO TRATO DE FAVOR"
A la pregunta de si considera ético que un familiar se beneficie de contratos públicos ha respondido que lo que no le parece ético es que se produzca "ningún trato de favor a nadie bajo ningún concepto", y ha asegurado que en este caso "eso no se ha producido".
"Puesto que no ha habido trato de favor, tenemos que congratularnos de que en este Ayuntamiento los procedimientos sean unificados, transparentes y claros para el conjunto de los procesos que se siguen y con independencia de quien sea las concejalías que los impulsan y las empresas que se presentan", ha indicado.
En este sentido, ha defendido que la obligación de las administraciones públicas es velar por que se cumplan los principios de la contratación pública de libre concurrencia y transparencia y que el resultado de esa contratación sea que se gaste el dinero adjudicado en el objeto del contrato, es decir, "que no hay desvío de dinero público".
