MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Políticas Sociales y Familia ha tramitado este lunes la primera proposición ciudadana de la historia de la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) para la regulación del Observatorio Racismo Comunidad de Madrid y creación del Plan Regional contra el Racismo y la Xenofobia.
La iniciativa ciudadana fue presentada por la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, a través de un acuerdo con más de ocho ONGs que trabajan en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia.
Las propuestas ciudadanas son un mecanismo para que entidades o agrupaciones eleven el equivalente a una Proposición No de Ley ante los órganos legislativos, de igual forma que lo haría un grupo parlamentario.
La iniciativa, presentada por la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, pide que se retomen unas políticas públicas coordinadas con recursos suficientes para impulsar iniciativas que combatan la discriminación, suceda en las calles o en las instituciones.
El secretario técnico de la Coordinadora, Rafael Escudero, ha sido el responsable de trasladar la propuesta ante la Cámara. Ha indicado que la Comunidad ha pasado de tener una Consejería y toda una red de actuaciones con ayuntamientos para trabajar por la integración y el respeto de las personas migrantes y de otras etnias, "a no contar en la actualidad con área alguna específica en esta materia".
El interviniente también ha denunciado los "numerosos casos de racismo que suceden en la región, desde agresiones verbales en el transporte público, a casos mas diarios como son las constantes problemáticas para conseguir alquilar una residencia en iguales condiciones que otra persona y que ya señalaron estudios de entidades como Provivienda en su último barómetro".
Escudero ha señalado que las áreas de gobierno que actualmente se ocupan de combatir el racismo "no cumplen con los indicadores de eficiencia que se les exige desde la Unión Europea, cuestionando el hecho de que casi un millón de personas extranjeras en la Comunidad de Madrid no dispongan de espacios propios que impulsen sus políticas".
"La Comunidad de Madrid con más de seis millones de personas no puede haber pasado de ser un referente en los años 90 de la integración, con hasta una Consejería encargada solo de las políticas migratorias a no tener, en la actualidad, ni un funcionario que trabaje a favor de la integración. Esperamos que este amplio acuerdo parlamentario sea el primero de muchos para recuperar la igualdad real de las personas migrantes en la Comunidad de Madrid", ha añadido.
El también director de la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha explicado que el nuevo Observatorio que pretenden crear no supondrá mayor gasto, sino que se tratará de "gastar bien". "Lo que proponemos es la modificación de la normativa del año 1998 y que reubique con la participación de las diferentes consejerías, lo que es un elemento que permite ahorrar. No es gastar, es invertir. Queremos que Madrid siga siendo un espacio de tolerancia e integración", ha añadido.
La propuesta ha contado con el apoyo de los grupos parlamentarios salvo Vox, que ha señalado que se trata de un "nuevo chiringuito", que va a suponer el gasto de más dinero público y que ya existe un órgano similar a nivel nacional. El resto de los diputados han apoyado en mayor o menor medida la iniciativa ciudadana, empezando así su tramitación.
LOS DETALLES DE LA PROPOSICIÓN
En 1998 se dictó mediante Decreto 136/1998, de 16 de julio, la creación del Observatorio de la Comunidad de Madrid contra el racismo y la intolerancia, publicado en el BOCM de 27 de julio de 1998, dictada con motivo de la resolución de 1996 del Consejo Europeo, por la que se declaró el año 1997 'Año Europeo contra el Racismo'.
"Este órgano, que dependió inicialmente de la Consejería de Presidencia, por su valor y carácter transversal, tiene en la actualidad una muy escasa actividad, y una nula actuación o impacto en la vida institucional de la Comunidad de Madrid, presentando como ejecutoria apenas una reunión anual, sin actualización de sus miembros desde el ejercicio 2015 y sin una participación de las comunidades racializadas así como representantes de la lucha contra el racismo de la Comunidad, situación compartida por otros órganos específicos del ámbito migratorio, que tampoco cuenta con actividad en su actual encaje por parte de la Consejería competente en materia de políticas sociales del Gobierno regional", señalan en la proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Mientras esto ocurre, el Informe del Ministerio del Interior en materia de delitos de odio, constata año tras año, como la principal causa de denuncia por delito de odio, es la referente a los delitos raciales y cometidos hacia personas racializadas, pasando de 102 a 180 en el lapso de enero de 2014 a diciembre de 2017, así como destacando un "enorme abismo de infradenuncias" entre la población en situación administrativa irregular.
El servicio de delitos de odio por componente racial de la Comunidad de Madrid gestionado por varias ONGs y entidades sin ánimo de lucro de forma no gubernamental eleva dichas cifras, situándose este año 2019 como uno de los mayores y de más virulencia en la comisión de hechos violentos hacia personas racializadas, superando las 37 agresiones y actos vandálicos documentados del año 2018 hasta las 51que ya quedan acreditadas en este ejercicio.
Dándose incrementos en el resto de ítems que dicho servicio mide, tales como los insultos, acosos en vía pública, denegación de servicio u otros, hasta en un 19% con respecto a los mismos elementos del año 2018 y con arreglo a la serie histórica del propio Ministerio del Interior.
Por todo ello, instan a modificar el Decreto 136/1998, de 16 de julio, por el que se crea el Observatorio de la Comunidad de Madrid contra el racismo y la intolerancia así como la normativa reguladora del mismo, para actualizar sus competencias y adecuarlas al actual esquema competencial de la Comunidad de Madrid y a la normativa administrativa vigente, buscando impulsar su desarrollo a través de grupos técnicos y de expertos que lo complementen.
También a mantener en dicho decreto el carácter gratuito del cargo de miembro del citado órgano, "evitando que pueda suponer impacto económico alguno para las arcas de la Comunidad de Madrid" y reubicar dicho órgano en el seno del Gobierno regional "para garantizar que pueda ejercer sus funciones con mayor impacto y capacidad técnica, así como redimensionar la representación de otras Consejerías en el mismo, para incorporar a miembros del ámbito de las Consejerías competentes en materia de Justicia, competente en materia de delitos de odio, así como de las Consejerías de Empleo, Educación y otros órganos públicos adscritos como la de Universidad, Economía y Presidencia, para garantizar su ámbito transversal y una representación suficiente del Gobierno".
La proposición pide realizar un trabajo de estudio y análisis de la situación del racismo y la xenofobia en la Comunidad de Madrid, con el objeto de servir como base para la adopción e impulso de medidas por parte del Gobierno regional para actuar contra los delitos de odio por componente racial.
Y, por último, promover la participación activa de la Comunidad de Madrid en los días internacionales sancionados como tales por las Naciones Unidas para apoyar a las víctimas de delitos de odio, impulsar la lucha contra el racismo y la xenofobia, así como el antisemitismo y antigitanismo aún presentes en nuestra sociedad
