La Fiscalía pedía inicialmente penas de entre 4 y 16 años por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental
MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Madrid y las acusaciones personadas en el juicio por la supuesta estafa inmobiliaria de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), que en octubre de 2002 cerró sus oficinas dejando a casi 2.000 clientes sin piso en los PAUs de los barrios del norte, presentarán mañana ante la Audiencia Provincial de Madrid la acusación definitiva contra los procesados, cuatro directivos de la empresa y dos de sus presuntos testaferros.
La Sección Decimoquinta juzga desde el pasado abril a Francisco García Moreno, el principal imputado por la supuesta estafa de la promotora, a dos de sus hijos y a otros tres acusados. El Ministerio Público solicita para ellos penas de entre 4 y 16 años por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental, y exige que los procesados paguen una multa de 60.000 euros diarios durante 36 meses.
Una vez que se anuncien las calificaciones definitivas, el fiscal Anticorrupción y las acusaciones populares y particulares personadas en la causa procederán a exponer sus respectivos informes. La siguiente sesión tendrá lugar el día 24, cuando previsiblemente concluya el juicio con la última palabra de los encausados.
La Fiscalía de Madrid sostiene en su escrito de acusación que los encausados obtuvieron de los supuestos estafados cerca de 37,5 millones de euros a cambios de pisos que se iban a construir en los nuevos PAU,s de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas.
"CUENTA ESPECIAL"
Según el fiscal, los afectados firmaban un contrato de "adquisición de vivienda", que incluía una clausula que estipulaba que el dinero adelantado iría destinado a una cuenta especial abierta en un entidad bancaria de "solvencia reconocida", y otra que contenía el compromiso de que recibirían un aval para garantizar la entrega de dinero.
Cuando la empresa estaba ya en quiebra técnica, apunta el Ministerio Público, Francisco García Moreno, sus hijos y el amigo de éstos se pusieron de acuerdo con la única mujer acusada, Adelina E.A., quien se ofreció a conseguir documentos que aparentasen que la CPV tenía terrenos para edificar las viviendas, a cambio de recibir un millón de euros.
Así, la procesada se puso en contacto con Alfredo V.G que intentó inscribir en el registro terrenos que no eran suyos. Ambos acusados simularon varias operaciones de compra-venta con sociedades pantallas, con el fin de simular esa adquisición de suelo para construir.
