El brigada de cocina hizo creer a una empresa que la carne se vendía al Ejército cuando en realidad comerciaba con ella en su beneficio
MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha rebajado de 5 a 3 años y medio de cárcel la pena impuesta a un militar que simuló ser jefe de compras del Ejército para conseguir el suministro de carne congelada por un importe superior al millón de euros con la que comerció a título particular, dejando a deber casi la mitad del precio a la empresa vendedora.
La Sala de lo Penal ha considerado culpable a José Ignacio de C.M. de un delito de usurpación de funciones y otro de estafa pero ha rebajado la pena impuesta el pasado septiembre por la Audiencia Provincial de Madrid al estimar que no incurrió en una continuidad delictiva.
La sentencia, con ponencia del magistrado Alberto Jorge, argumenta que fue una sola negociación la que determinó la venta, aunque la carne fuese servida mediante siete camiones que se desplazaron desde Francia hasta Madrid en diferentes fechas.
Los hechos probados se remontan a los meses de junio y octubre de 2004 cuando el militar, que trabajaba como brigada de cocina y comedores, se hizo pasar por brigada jefe de compras y aprovisionamiento y, debidamente uniformado, mantuvo una entrevista con el representante de una empresa francesa en las instalaciones del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey al que estaba destinado.
DEJÓ A DEBER 565.910 EUROS
En la entrevista, acordó la compra de varios caminiones de carne congelada para el Regimiento cuando en realidad iba a ser comercializada en su propio beneficio. Las facturas ascendieron hasta 1.064.658 euros, pero el acusado incurrió en retrasos en los pagos hasta dejar de abonar una deduda de 565.910 euros.
El alto tribunal subraya que el militar engañó a los vendedores al hacer la adquisición en representación del Regimiento, es decir, en nombre del Ejército español y empleó, para ello, documentación con membrete oficial mientras que hizo uso de la escenografía propia del cuartel en el que desempeñaba sus funciones.
La resolución concluye que el acusado defraudó a la propietaria de la mercancía disponiendo de la carne en beneficio propio a través del "sueño o ardid" utilizado y que los empresarios actuaron convencidos de que estaban vendiendo la carne al Estado español.
