Se trata del documento que recoge lo sucedido en el Pleno en el que se voto un convenio urbanístico , pese a un informe en contra
MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, Francisco Vieira, ha aclarado en la tercera sesión del juicio contra la Corporación local de Torrejón de Ardoz en 2001 que el acta del Pleno celebrado el 26 de noviembre de 2001, en el que se recoge lo sucedido en el plenario, se tendrá en cuenta como documento específico para valorar el resto de las pruebas practicadas en el juicio oral.
La Sala ha celebrado la tercera sesión del juicio contra la ex alcaldesa de Torrejón, Trinidad Rollán, y trece ex ediles por un delito de prevaricación en relación a la votación de un convenio urbanístico en un Pleno celebrado el 26 de noviembre de 2001 para la construcción de 107 viviendas sociales. Los catorce procesados se enfrentan a ocho años de inhabilitación especial para ejercer como cargo público.
La aclaración de Vieira se produjo después de que el acusado Julián López, que ejerce como su propia defensa, solicitara al tribunal que incluya el acta como prueba con la finalidad de que esta incorporación supuestamente extemporánea pudiera derivar en un futuro en una nulidad de las actuaciones.
El acta del Pleno fue entregada por el secretario del Ayuntamiento el primer día de la vista oral, pero ayer Vieira manifestó que se incorporaba a las actuaciones. Tras ello, las defensas de la ex alcaldesa de Torrejón, Trinidad Rollán, y de la diputada regional Esperanza Rozas solicitaron la suspensión de la vista oral y la nulidad de las actuaciones al estimar que la inclusión del acta en este momento procesal sería extemporánea.
Hasta ahora, el tribunal no contaba con el acta en el que se reproduce la totalidad de lo sucedido en el Pleno del 26 de noviembre de 2001 en el que se votó a favor de un convenio urbanístico, a pesar de presuntamente constar un informe del secretario municipal que estaba en contra del convenio al no ajustarse a la legalidad.
La totalidad de los procesados sostiene que no tenían conocimiento de que el informe estuviera en el orden del día del Pleno, una versión que choca con la ofrecida por la ex edil Pilar Mesa de Hoyos y los concejales del PP e IU.
En la sesión de esta mañana, el concejal de IU Carlos Loaisa Cuesta ha manifestado que en el Pleno se debatió "algo" sobre el informe del secretario municipal, pero ha recalcado que no recuerda que viera físicamente el informe. Además, ha indicado que tenía conocimiento de que el convenio no era del todo legal, puesto que había "conclusiones contradictorias" .
Por su parte, Aúreo Hernández Miguel ha señalado que su grupo voto en contra de la moción, puesto que había dos informes contradictorios en referencia al del secretario y al del interventor, que recogía las conclusiones del anterior.
En su declaración de ayer, Pilar Mesa del Hoyo respaldó la actuación del secretario municipal y reseñó que éste era "riguroso" en sus informes y que "guardaba los plazos". "El que quería conocer y saber los puntos del orden del Pleno tenía acceso a toda la documentación. Si no les importaba, no lo iban a encontrar", destacó, al tiempo que recalcó que "todos los portavoces en el Pleno hablaron del informe".
"El día de la comisión informativa se hizo un manuscrito de la ilegalidad. No había un informe jurídico fundamentado. El 23 de noviembre se emitió y yo me hago con él. Y pasamos al día del Pleno donde ya estaba", aseveró.
"En mi intervención en el Pleno, hice mención al informe de ilegalidad y advertí de que se podría incurrir en un ilícito penal", recalcó la ex edil. "No había más argumentos que decir que era lo mejor para el pueblo. Se debatió sobre el informe. Nos despreciaban porque éramos una formación minoritaria", indicó, a lo que añadió: "Si un equipo minoritario y despreciado como el mío conocía el informe. Un Equipo de Gobierno lo tenía que conocer. Los informes podrían ser engorrosos, pero quién quería los entendía y quién no, pues no".
Además, subrayó que el Interventor se adhirió al informe del secretario municipal en otro escrito más ajustado, que estaba en el Pleno. "Yo defendía que la permuta recogida en el convenio no se podía llevar a efecto porque no se daban argumentos jurídicos. El informe del secretario avalaba mi opinión", remachó.
