UPyD insta a la Comunidad a que busque alternativas con los vecinos para encontrar otra ubicación al Metro de Mirasierra

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión Progreso y Democracia (UPyD) instó hoy a la Comunidad de Madrid a que, junto con los vecinos, busque alternativas a las obras de la línea 9 de Metro en Mirasierra para evitar demoler el instituto que lleva el mismo nombre, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

El Coordinador de UPyD Madrid, Ramón Marcos, indicó que aunque está a favor de vigilar con celo los costes de las obras públicas", es preciso instar al Gobierno regional a que busque otras alternativas para que la obra no afecte "ni a la salud, ni a la integridad de los niños ni las actividades de enseñanza y labor docente que se ven afectados".

"Estos criterios deben ser igualmente tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto", indicó el coordinador, quien, no obstante, quiso dejar claro que apoya y considera absolutamente necesaria la propuesta de llevar el Metro a Mirasierra, "pero que no es algo que se pueda hacer de cualquier manera".

La propuesta de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid llevará a cabo el derribo parcial del IES Mirasierra para realizar las obras de construcción de una nueva parada de la Línea 9 de Metro, para ahorrarse cerca de 50 millones de euros.

Marcos señaló que buscar alternativas para que los vecinos salgan lo menos perjudicados posible "es una necesidad, ya que las obras implicarán que niños de primer y segundo ciclo de primaria van a soportar niveles de ruido, producidos por maquinaria pesada, que pueden superar los 100 decibelios".

A su juicio, estos niveles de ruido son "más que posiblemente incompatibles" con la actividad escolar, y aseguró que los niveles de polvo son "dañinos para algunas enfermedades de tipo respiratorio, como alergias o asmas, además de los peligros y accidentes que puede entrañar su cercanía a las aulas".

En cuanto al proceso de realización y aprobación del proyecto de obra, Marcos añadió que "se ha hecho prácticamente a hurtadillas, sin informar ni consultar, a los vecinos, al AMPA o a los responsables del IES", y apuntó que el hecho de fijar el plazo de alegaciones durante el mes de agosto, coincidiendo con las vacaciones, "remata un proceso caracterizado por la falta de transparencia y la arbitrariedad".