MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario ha presentado varias enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2012 en la que se proponen el restablecimiento del Impuesto de Patrimonio, con el mínimo exento general de 700.000 euros así como el de Sucesiones y Donaciones a partir de ese mismo mínimo.
Así lo ha explicado el portavoz de la formación magenta en el Parlamento madrileño, Luis de Velasco, quien ha señalado que es una medida para que la reducción del déficit presupuestario sea no solo mediante la reducción del gasto sino también mediante el aumento de los ingresos.
Entre las enmiendas propone la eliminación de la deducción de los gastos de escolaridad en la enseñanza privada en el IRPF porque es algo que les parece "tremendamente injusto" y apuestan por eliminar varios organismos "para evitar duplicidades con la Administración del Estado y redundancias en la propia Comunidad".
De este modo, además de proponer la supresión del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Agencia Madrileña de Inmigración, del mismo modo que hace el PP, abogan por eliminar el Consejo Económico y Social, la Agencia de Protección de Datos o el Consejo Consultivo.
También quieren quitar la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades; el Defensor del Menor, la Oficina de Representación de la Comunidad de Madrid en Bruselas, el Servicio Regional de Bienestar Social y la empresa INVICAM (Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid).
Otra enmienda va dirigida a la reorganización administrativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para dotar de estabilidad a la estructura administrativa de la misma y simplificarla para mejorar su eficiencia. Para ello, se solicita que se fije en la Ley el número de Consejerías y su denominación, y que se simplifique la estructura de las mismas, reduciendo el número de direcciones y subdirecciones generales.
Además, ha presentado otra enmienda para la profesionalización de los altos cargos, para conseguir una "administración pública más profesional que garantice mejoras en la gestión pública. Por eso, UPyD propone que se realice una selección personal de los cargos directivos públicos y el nombramiento se justifique en términos de adecuación al perfil.
Igualmente, se tendría que publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). En este sentido, apuestan por hacer lo mismo con los miembros de la Cámara de Cuentas y se solicita la limitación por ley del número máximo de personal de confianza, como por ejemplo, un máximo de dos cargos de confianza por consejero.