Valcarce asegura que en la contratación de traductores "se ha respetado en todo momento el protocolo de seguridad"

Actualizado: viernes, 12 febrero 2010 14:17

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, aseguró hoy que "en todo momento se ha respetado el protocolo de seguridad" en relación con la contratación de servicios de interpretación y traducción tanto por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid como en las del Ministerio del Interior.

En declaraciones a los medios tras visitar la Cuña Verde de O'Donnell, Valcarce insistió hasta en seis veces en el mismo mensaje. "En todo momento se ha respetado el protocolo de seguridad. En ningún momento ha habido ningún problema en el que no se haya cumplido el protocolo de seguridad. Se ha garantizado en todo momento el cumplimiento del protocolo de seguridad", afirmó.

Aunque no explicó en qué consiste dicho protocolo, la delegada del Gobierno apuntó que "el protocolo de seguridad garantiza los derechos y libertades de todos, pero también la seguridad de todos", e hizo hincapié en que "el protocolo de seguridad está garantizado".

"Por lo tanto, reitero una vez más un mensaje de tranquilidad, de respeto, porque los derechos, las libertades y la seguridad están garantizados", apostilló.

Por otra parte, eludió confirmar si el Ministerio del Interior seguirá contratando a la empresa Seprotec para realizar los servicios de traducción e interpretación porque "es competencia de los servicios de contratación ministeriales".

La magistrada Pilar de Luna Jiménez de Parga, titular del Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid, hizo público esta semana un informe en el que denuncia irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa dedicada al servicio de intérpretes en los Juzgados de toda la región el año pasado.

El estudio señala varios casos como el de un juicio del 10 de julio, en el que el juez requirió un intérprete jurado de lengua árabe para el imputado y la empresa envió otro que no tenía la cualificación necesaria, entre varios casos similares.

Por otro lado, De Luna argumentó que en el edificio de los Juzgados de lo Penal de Madrid no existe ningún servicio de intérpretes y traductores, "sino una persona con la condición de intérprete jurado de árabe y francés, con lo que se está igualmente incumpliendo lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas", dado que el único intérprete jurado que existe "no puede cubrir las necesidades que se requieren en los Juzgados de los Penal de Madrid".

El nombramiento de intérpretes jurados forma parte de la garantía de un derechos fundamental que tiene el acusado al no conocer el idioma español con el alcance y la plenitud que se necesita para garantizar su derecho de defensa, lo que está relacionado con el conocimiento de la imputación que se dirige contra él.