Vecinos del centro de la capital alertan de que solo uno de cada cuatro VUT cumple con el registro obligatorio

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El 75% de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) anunciados en Madrid carece del obligatorio código de registro de la Ventanilla Única Digital, es decir, que tan solo uno de cada cuatro pisos turísticos cumple con esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana "no está funcionando" para frenar este fenómeno en zonas saturadas como el distrito Centro.

Es la conclusión de un informe elaborado por la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de Las Letras y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que concluye que la medida "no está funcionando" para frenar este fenómeno en zonas saturadas como el distrito Centro.

El estudio, según ha difundido la FRAVM en un comunicado, sostiene además que al menos el 30% de las viviendas de uso turístico (VUT) de los barrios de Sol, Cortes y Embajadores que sí poseen código de registro son ilegales según los repertorios del Ayuntamiento de Madrid, lo que, a juicio de los colectivos vecinales, evidencia que el sistema no está verificando la legalidad de los títulos habilitantes.

El informe ha sido elaborado a partir del cruce de datos estadísticos y comprobaciones a pie de calle. Para ello, se han utilizado datos de Inside Airbnb de septiembre de 2025, repertorios de alojamientos turísticos y declaraciones responsables de la Comunidad de Madrid, información del geoportal municipal y el listado de VUT ilegales denunciadas por la FRAVM.

Según el análisis, de los 25.094 alojamientos existentes en el municipio de Madrid, la mayoría se anuncian sin el código exigido por el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, que regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital para el intercambio de datos sobre alquileres de corta duración.

Asimismo, el estudio señala que el 91% de los alojamientos inscritos en el Registro como alquiler temporal o no turístico funcionan en realidad como pisos turísticos, lo que los colectivos consideran un "claro fraude". Para obtener este porcentaje, la asociación trabajó sobre una muestra de 76 viviendas.

A juicio de las entidades, el actual marco y la puesta en marcha del Registro han generado "un agujero normativo" que permite a operadores profesionalizados disfrazar como arrendamientos temporales viviendas destinadas al uso turístico para eludir restricciones.

En el trabajo de campo también se detectaron otras irregularidades, como la utilización de un mismo código de Ventanilla Única para varias viviendas, una "mala práctica que sería importante controlar".

UNA PROLIFERACIÓN DIFÍCIL DE FRENAR

El informe critica además la falta de medios de inspección, control y sanción para garantizar el cumplimiento de la normativa. En este sentido, advierte de que resulta "imposible" frenar la proliferación de pisos turísticos en zonas saturadas sin un reglamento específico, un régimen sancionador y recursos suficientes para labores de inspección y restauración de la legalidad.

Los colectivos vecinales relacionan además el auge de las viviendas turísticas con la pérdida de población residente en el centro de la capital y destacan que el distrito Centro registró en 2025 un descenso de 4.549 empadronados respecto al año anterior.

Entre las medidas propuestas, la FRAVM y la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de Las Letras reclaman ordenar de forma inmediata a las plataformas digitales la retirada de anuncios sin código de registro, auditar el funcionamiento de la Ventanilla Única y perseguir el uso fraudulento de códigos no turísticos.

También piden la creación de una base de datos pública y accesible con información detallada de los alojamientos registrados, la puesta en marcha de una explotación estadística del Registro y la aprobación de un reglamento de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos que incluya un régimen sancionador "claro y completo".

Además, solicitan impulsar en el Congreso la Proposición de Ley 122/000136 para regular los contratos de alquiler temporal y de habitaciones con el objetivo de combatir el fraude derivado de los arrendamientos turísticos encubiertos.