Los aristócratas dueños de la finca alegan que tienen una ejecución provisional de la sentencia y que "se debe respetar la propiedad privada"
MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Amigos de los Caminos ha denunciado hoy el cierre con verjas y candados del camino de Romanillos que atraviesa la finca privada del mismo nombre, ubicada entre los términos municipales de Majadahonda y Boadilla del Monte.
En un escrito presentado al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, el colectivo ha señalado que la vía, que consideran de tránsito público, se mantiene desde la semana pasada cerrada con un candado en la verja, "impidiendo el paso a toda persona que no sea de la finca".
La polémica enfrenta a los vecinos que recorrían hasta ahora las vías pecuarias entre Majadahonda y Boadilla del Monte con los dueños de la empresa propietaria de la finca, Romanillos SA. Tras ella están los Fitz James Stuart Gómez, familia cercana a la Casa de Alba.
La Asociación de Amigos de los Caminos ha incidido en su denuncia que la sentencia que da la razón a los propietarios no es firme. El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Móstoles resolvió que los caminos que surcan el recinto son privados, si bien el Ayuntamiento de Boadilla del Monte tiene el asunto recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Fuentes de la propiedad han recordado que llevan "seis años de pleitos" y que los caminos "son privados". "Hemos ganado el juicio y las sentencias son ejecutivas, aunque el Ayuntamiento de Boadilla tenga derecho a recurrir", han considerado.
"Hemos solicitado al juzgado la ejecución provisional de la sentencia y nos la han concedido", han explicado desde la empresa. "Estos señores tienen un problema: no respetan la propiedad privada, que es un derecho constitucional. No están invitados a la finca", han zanjado desde Romanillos SA.
El portavoz de la Asociación de Amigos de los Caminos, Jaime Benavides, ha adelantado a Europa Press que seguirán reclamando legalmente que estos caminos sean públicos. Un primer auto judicial de 2014 ordenó a los Ayuntamientos de Majadahonda y de Boadilla a "proteger a las víctimas --ciudadanos-- y el patrimonio" eliminando "obstáculos e impedimentos" en los caminos.
