GETAFE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Getafe ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio contra la aseguradora HCC Europe por la demanda de 15 excooperativistas de PSG, pertenecientes a la Asociación UNEXCO PSG (Unión de Ex Cooperativistas de PSG), que reclaman el dinero que entregaron por unas viviendas que no se construyeron en el nuevo desarrollo urbanístico Los Molinos de Getafe.
El abogado de los quince afectados Ignacio Serrano ha asegurado a Europa Press que sostienen que los anticipos realizados para la adquisición de una VPP en el sector Los Molinos de Getafe están asegurados por parte de HCC Europe, ya que es obligatorio dicho seguro conforme a la Ley 57/1968, y a la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.
Según Serrano, HCC Europe, que ha presentado como testigo a su director general, sostiene que tales anticipos no estaban garantizados por la aseguradora, y que el seguro sólo cubre los posibles desvíos de fondos. Sin embargo, los cooperativistas entienden que "esos desvíos de fondos constituirían delito de apropiación indebida, que los delitos no son asegurables, y que el seguro quedaría vacío de contenido de seguirse las tesis de la aseguradora".
"Es decir, que HCC Europe habría cobrado una sustanciosa prima por no asegurar nada, en la práctica, lo que constituye un fraude por su parte", ha apostillado el abogado de los excooperativistas, que entregaron a PSG entre 24.000 y 30.000 euros por unas viviendas que no se construyeron, y no han recuperado entre 14.000 y 18.000 euros que ahora reclaman a la aseguradora.
Los afectados esperan que dentro de un mes se dicte sentencia mientras esperan el juicio contra el administrador único de PSG, David Moreno Pingarrón, que se ha fijado para el próximo 16 de septiembre en la Audiencia Provincial de Madrid y en el que además HCC debe ingresar 26 millones de euros en concepto de fianza.
El Fiscal solicita para David Moreno seis años de prisión por un delito de apropiación indebida y otros tres años por administración desleal, junto con la inhabilitación especial y una multa de 20 meses.
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