CARM destaca que la resolución judicial sobre Zinsa avala la hoja de ruta para lograr la descontaminación de Torreciega

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional considera que el auto de la Audiencia Provincial de Murcia sobre los terrenos contaminados de la antigua factoría de Española del Zinc (Zinsa), en Cartagena, "respalda y avala" la actuación administrativa desarrollada por la Comunidad Autónoma para avanzar hacia la descontaminación definitiva de los suelos de Torreciega.

El director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, ha subrayado que la resolución judicial "confirma plenamente la legalidad de la actuación de la Administración regional y refuerza la vía administrativa como instrumento para exigir la recuperación ambiental de estos terrenos", según ha informado el Ejecutivo regional.

Mata ha explicado que el contenido del auto "respalda la hoja de ruta marcada por el Gobierno regional por dos motivos fundamentales".

En primer lugar, ha indicado que la Audiencia Provincial deja sin efecto las medidas cautelares adoptadas en la pieza separada penal. "Desde la Dirección General de Medio Ambiente compartimos plenamente esta decisión porque creemos que es necesario adoptar una solución definitiva, técnicamente rigurosa y definida ambientalmente por los mejores expertos", ha señalado.

En segundo lugar, ha destacado que la resolución judicial confirma la legalidad de la resolución administrativa del Gobierno regional que declaró a Cartagena Parque responsable subsidiaria de la descontaminación de los terrenos. "Esto supone que el Gobierno regional tiene vía libre para exigir a la empresa una solución definitiva que permita retirar todos los materiales contaminantes de la parcela y devolver esos terrenos limpios a la ciudad de Cartagena", ha afirmado.

El director general ha remarcado además que la Comunidad Autónoma "lleva años actuando de forma continuada y decidida" sobre este expediente mediante requerimientos, controles ambientales y actuaciones administrativas encaminadas a garantizar la descontaminación de los suelos.

La Dirección General de Medio Ambiente realizó un primer requerimiento a la empresa propietaria durante 2025 para proceder a la retirada de residuos líquidos almacenados en la parcela. Como resultado de esta actuación, Cartagena Parque retiró 1,3 millones de litros de residuos, de los cuales 500.000 litros correspondían a residuos peligrosos y otros 800.000 litros a residuos no peligrosos.

Posteriormente, la Comunidad Autónoma emitió un segundo requerimiento para exigir la retirada de 350.000 toneladas de residuos sólidos contaminantes, incrementando en 200.000 toneladas la obligación inicialmente prevista. Ante el incumplimiento de esta obligación por parte de la empresa, el Gobierno regional inició un expediente sancionador con una propuesta de sanción de dos millones de euros.

"Los hechos demuestran que el Gobierno regional no ha permanecido inactivo en ningún momento, sino que ha venido ejerciendo sus competencias ambientales para exigir el cumplimiento de las obligaciones de descontaminación y proteger tanto el medio ambiente como la salud pública", ha concluido Juan Antonio Mata.