La Comunidad asume con fondos propios los 1,6 millones recortados al Plan Corresponsables para mantener todas las plazas

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha dicho durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea Regional que el Gobierno autonómico ha asumido con fondos propios los 1,6 millones de euros recortados por el Gobierno central al Plan Corresponsables, con el fin de garantizar que "no se cierre ni una sola plaza" y que "se mantengan todos los contratos y todos los servicios" que prestan ayuntamientos y entidades sociales.

Ruiz ha denunciado que la reducción estatal ha sido "del todo injustificada", que se ha aplicado "sin consultar, sin consensuar y sin valorar el impacto real en la población" y que ha afectado a "más de 11.000 familias, 19.000 menores beneficiarios y 800 empleos creados".

La consejera ha descrito el recorte como "un grave error" y como "una muestra más de la irresponsabilidad de un Gobierno que toma decisiones sin datos, sin evaluación y sin sensibilidad social". Ha subrayado que la Región "no va a dar la espalda a nadie" y que el Ejecutivo de Fernando López Miras "ha vuelto a corregir los errores del Gobierno central".

Durante la sesión, el Grupo Mixto ha preguntado por las consecuencias de la sentencia del caso Novo Carthago, calificada por la diputada María Marín como "una de las sentencias más vergonzosas, no ya de la región, sino probablemente de la historia de este país".

Marín ha denunciado que el fallo ha absuelto a "toda la cúpula de Medio Ambiente del Gobierno Valcárcel", ha criticado que se hayan legitimado "usos deportivo-recreativos dentro de espacios naturales protegidos" y ha advertido que la resolución permite "construir un campo de golf en Calblanque o Sierra Espuña". "Cuando la ley es injusta, lo correcto es desobedecer", ha afirmado.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha señalado que los espacios naturales "han quedado exactamente en la misma situación que antes de la sentencia" y que el Gobierno regional "va a seguir trabajando exactamente igual que antes".

Ha defendido que la protección "está más reforzada que nunca" y ha recordado que los planes de gestión de Sierra de Ricote, el Noroeste, el Mar Menor y la franja litoral, el río Mula y Pliego, los espacios centro-orientales, el Alto Guadalentín, las cuevas de yesos, la mina de La Celia o el Altiplano "están publicados en el BORM".

Ha avanzado que "próximamente se publicará el de la Sierra del Valentín" y que "ya se han cerrado las alegaciones para Carrascoy y El Valle".

La sesión también ha girado en torno a inmigración. Vox ha preguntado cuántas menores extranjeras no acompañadas tutela la Comunidad, y la consejera de Política Social, Conchita Ruiz ha respondido que actualmente "son 86 niñas migrantes" bajo protección.

Ha recordado que todos los menores, "españoles o extranjeros, del género femenino o masculino, reciben la misma protección jurídica y asistencial".

La consejera ha reprochado a Vox que utilice la diferencia por sexo "como herramienta de confrontación política" y ha acusado al grupo de "criminalizar a menores vulnerables" y de construir "relatos basados en estigmas y presunciones". Ha defendido la necesidad de "ser rigurosos, alejarnos del discurso fácil y proponer soluciones basadas en legalidad, seguridad y protección".

Preguntada por los fallos en las pulseras antimaltrato, Ruiz ha explicado que la Consejería ha activado un operativo urgente para contactar con "más de 200 mujeres" que podrían haber quedado desprotegidas, de las cuales "35 han advertido fallos en sus dispositivos".

Ha asegurado que se ha actuado "desde la cercanía, la empatía y lo humano" y ha denunciado que "el silencio del Gobierno de España ha sido absoluto: ninguna explicación, ninguna respuesta, ningún dato oficial". Ha confirmado que se pondrá en marcha un CAVI itinerante para atender a mujeres de entornos rurales.

En el ámbito sanitario, Vox ha alertado del aumento de agresiones al personal del SMS, citando "661 agresiones validadas en 2024, un 27% más". El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha defendido que "en todos los centros de salud hay vigilantes de seguridad", que el SMS cuenta con un "servicio completo de prevención de riesgos y salud laboral", y que el segundo Plan de Prevención de Agresiones "ha sido modelo y el propio Ministerio pidió a Murcia que lo presentara a nivel nacional".

Ha enumerado medidas como "botones antipánico, cámaras de seguridad, un interlocutor policial sanitario, talleres de formación y campañas de tolerancia cero".

El PP también ha preguntado por la financiación de las plazas gratuitas de 0-3 años. El consejero de Educación, Víctor Marín, ha explicado que la Región "ha invertido más de 40 millones procedentes de fondos europeos" y "otros 15 millones en centros privados y concertados con fondos propios".

Ha advertido de que los fondos europeos "finalizan el 28 de febrero" y que el Gobierno central "no ha aportado ni un solo céntimo adicional" para sostener la gratuidad. Ha anunciado que el Ejecutivo autonómico "va a destinar más de 6,2 millones de euros para mantener las plazas creadas en escuelas municipales".

Ha recordado que la Región ha crecido "un 1.300%" en creación de plazas gratuitas en tres años y que esto beneficia tanto a los menores como a la conciliación familiar.

El Grupo Mixto ha preguntado además por las medidas en educación para fomentar la igualdad y combatir la violencia de género. Marín ha defendido que el segundo Plan de Igualdad "está publicado en el BORM" y que incluye actuaciones de prevención, sensibilización, reglamentos internos y formación docente.

Ha recordado que se han elaborado guías, protocolos y programas de convivencia, y que también se trabaja con otras consejerías en iniciativas como Sensibilízate.

Vox ha denunciado el presunto "adoctrinamiento ideológico" sobre el Mar Menor en libros de texto.

Marín ha asegurado que la Región "no permite adoctrinamiento en las aulas" y ha explicado que el contenido señalado por Vox "era el extracto de una noticia usado como actividad", y no una afirmación doctrinal. Ha defendido la profesionalidad de los docentes y la existencia de un protocolo de supervisión previsto en la Ley 2/2018.

Asimismo, el PP se ha interesado por el motivo por el que el Centro Integrado de FP Hespérides no ha sido incluido en la red estatal de centros de excelencia.

El consejero de Educación ha explicado que el Ministerio "ha rechazado la reclamación pese a que el Hespérides tenía más puntuación" y ha lamentado que el Gobierno central "ha dejado sin adjudicar 1,7 millones de fondos europeos" mientras dejaba fuera a Cartagena.