CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)
El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha asegurado en el Pleno de la Asamblea Regional que la planificación de la política de cooperación internacional "no se ha interrumpido ni un solo día" y que la Comunidad "ha continuado operando con criterios de control, evaluación y programación estable", pese a no haber publicado planes anuales desde 2021.
Ortuño ha explicado que la Consejería "ha actuado con prudencia institucional" para garantizar la coherencia con el nuevo Plan Director estatal aprobado a finales del año pasado y ha defendido que la Región "ha mantenido convocatorias públicas, seguimiento técnico y actividad consultiva del Consejo Regional de Cooperación".
La interpelación ha sido formulada por Vox, cuyo diputado Ignacio Arcas ha acusado al Gobierno de López Miras de "incumplimientos sistemáticos" del artículo 9 de la Ley 12/2007, que obliga a aprobar planes directores y planes anuales de cooperación, y ha afirmado que la Consejería "no ha publicado un solo plan anual ni un informe de seguimiento desde 2021".
Arcas ha denunciado que esta falta de transparencia "pone en riesgo la de por sí débil credibilidad del Partido Popular en materia de cooperación" y ha insinuado que el Gobierno "ha ocultado actuaciones comprometidas".
Ha asegurado que la Dirección General "despilfarra el dinero de la Región desde el primer hasta el último euro" y que la política regional de cooperación "se ha convertido en un chiringuito que reparte subvenciones a ONGs con un marcado sesgo ideológico".
El diputado ha citado el último informe disponible, el correspondiente a 2020, para denunciar que "más del 25% del presupuesto se destinó a gastos de personal" y ha calificado de "acto de adoctrinamiento" varios proyectos subvencionados, entre ellos una actividad educativa de Manos Unidas en la que, según ha leído textualmente, se contraponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible a "supervillanos".
Arcas ha sugerido que Vox sería retratado como tal en ese material y ha reprochado al Gobierno regional "haber permitido contenidos basados en la Agenda 2030 dirigidos a niños de 6 a 12 años".
En su réplica, Ortuño ha acusado a Vox de basar su discurso en "repetir cuestiones ya aclaradas" y ha reivindicado que la política de cooperación de la Región "ha funcionado con normalidad dentro de un sistema de programación escalonada".
Ha explicado que el nuevo Plan Director estatal "actúa como marco regulador" y que su aprobación "obligaba inevitablemente" a esperar antes de publicar nuevos documentos autonómicos para evitar "incoherencias internas o divergencias estratégicas".
El consejero ha subrayado que, mientras tanto, la Región ha trabajado con una "estrategia puente 2023-2026" que ha permitido garantizar la continuidad de las actuaciones y ha recordado que el Marco Estratégico de Acción Exterior 2025-2028 "ha reafirmado las prioridades y líneas de trabajo".
Ortuño ha defendido que "la evaluación no se ha interrumpido", que cada proyecto ha contado con seguimiento técnico individualizado y que los grupos de trabajo especializados "han continuado operativos y aportando información al nuevo Plan Director".
También ha replicado que Vox "ha difundido información imprecisa", citando el caso del autobús escolar donado a un país en desarrollo. "Era un vehículo que había superado el límite de antigüedad y no podía seguir prestando servicio", ha explicado. "Convertir un recurso que aquí debía retirarse en una herramienta útil fuera no resta nada a la ciudadanía. Es cooperación responsable, eficiente y profundamente humana".
Ortuño ha afirmado que la Región "ha actuado con rigor y responsabilidad institucional" y que la cooperación autonómica "ha mantenido control, seguimiento y actividad sin ningún vacío de gestión".
El Pleno ha abordado además la situación de los Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) tras una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista.
El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha asegurado que la Consejería "ha cumplido con el contenido de la moción aprobada" por unanimidad en noviembre de 2024 y que este curso "todos los ATE han estado en sus centros antes del inicio de las clases".
Marín ha defendido que la planificación "se ha realizado con antelación suficiente", que actualmente "580 profesionales prestan 17.500 horas de atención" y que se revisan continuamente las necesidades mediante reuniones quincenales entre los servicios de Atención a la Diversidad y de Personal no Docente.
Pero la diputada socialista María Dolores Martínez Pay ha denunciado que la realidad "no coincide en absoluto con el relato oficial". Ha asegurado que existen centros "donde el curso empieza sin ATE", donde "no hay quien cambie el pañal a un niño y se le envía a casa" y donde menores con NEE "no pueden acudir al comedor porque sus ATE no están asignados". Ha calificado esta situación como "violencia institucional y económica" y ha afirmado que el colectivo es "uno de los más precarizados del sistema educativo".
Martínez Pay ha subrayado que la Comunidad "mantiene sin cubrir casi 800 puestos de la RPT", de los cuales "200 pertenecen a Educación", y ha denunciado que "el 93% de los programas de ATE son a tiempo parcial".
Para el curso 2025-2026, ha señalado, "233 de 251 programas previstos son parciales", lo que ha calificado de "subempleo estructural". También ha criticado que el nuevo sistema de llamamientos anunciado por Hacienda en abril de 2024 -con SMS, plataforma online y sustituciones en 24 horas- "no está funcionando", y que se sigue recurriendo a "llamamientos presenciales propios del siglo XIX".
En su réplica, Marín ha asegurado que la premisa socialista "es falsa" y ha explicado que la comisión de escolarización "ha garantizado que ningún alumno con NEE haya sido separado de sus hermanos ni limitado en su elección de centro" por falta de personal.
Ha admitido "incidencias puntuales" por bajas o errores administrativos, pero ha afirmado que "han sido resueltas inmediatamente". También ha recordado que los recursos han aumentado: "Los ATE han crecido este curso un 7% en tiempo de atención".
Martínez Pay ha replicado que Marín "no ha desmentido ni una sola cifra" y que la parcialidad masiva de contratos constituye "violencia económica y de género ejercida por una administración pública". Ha anunciado que el PSOE presentará "una nueva moción" para garantizar estabilidad laboral y atención adecuada al alumnado más vulnerable.
Marín ha concluido insistiendo en que la Consejería "ha actuado conforme a la moción aprobada".