MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha acordado este jueves interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades autónomas.
En virtud del citado Real Decreto, el Gobierno central aprobó una capacidad ordinaria de tutela de 517 menores para la Región de Murcia, una cifra que la Comunidad entiende "muy alejada" de su capacidad real, es decir, de las plazas disponibles para atender a los menores trasladados.
El Ejecutivo regional ha considerado que esta norma estatal vulnera competencias exclusivas de la Comunidad en materia de protección de menores, y que introduce una fórmula de reparto que no tiene en cuenta las circunstancias reales de la Región de Murcia ni los esfuerzos de acogida que ya ha llevado a cabo.
Además, "tampoco facilita la financiación adecuada para cubrir los gastos derivados de este reparto".
El pasado 2 de octubre, el Gobierno regional ya acordó la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo, en este caso contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, que regula el reparto de menores migrantes.
Lo hizo después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso que el Ejecutivo autonómico también interpuso contra el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, que introdujo un nuevo marco jurídico para la redistribución de menores extranjeros no acompañados en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
Ahora, el Gobierno regional ha acordado presentar este nuevo recurso contra una decisión que, considera, "se ha tomado de espaldas a las autonomías, ya que el procedimiento de reubicación y traslado no ha sido objeto de consenso en el órgano de cooperación en esta materia, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia".
Así, la norma estatal ha fijado "unilateralmente" los criterios de capacidad de acogida de las comunidades "sin atender a la realidad de cada sistema autonómico y sin respetar los principios de lealtad institucional, colaboración, cooperación y coordinación".
Para el Gobierno regional, el reparto que realiza el Ejecutivo central no tiene en cuenta, además, el interés superior de los menores, ya que pretende trasladarlos sin tener garantías de que el destino que les corresponda cuente con instalaciones y recursos humanos y materiales. Además, apunta que se ha tomado esa decisión "sin habilitar una dotación económica para prestarles la atención que precisan".
NUEVO MODELO REGIONAL DE ACOGIMIENTO
El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado este jueves que la Comunidad Autónoma continúa con su "hoja de ruta" para la implantación del nuevo modelo de acogimiento de menores tutelados, que tiene por objetivo que estos vivan "en un entorno lo más parecido a un hogar".
Ortuño ha pronunciado estas palabras tras ser preguntado por los medios de comunicación sobre el cierre del centro de menores de Santa Cruz, en Murcia, en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
"Seguimos con la hoja de ruta para implantar el nuevo modelo de acogimiento de menores; un modelo que defienden organismos nacionales e internacionales y que pretende que los menores estén en un entorno lo más parecido a un hogar", ha afirmado.
El dirigente regional ha asegurado que este modelo "también ha sido refrendado hace muy poquitos días por el Ministerio de Infancia y Juventud, que está preparando un decreto en esos términos", y ha insistido en que "no se va a poner en el foco a esos menores" para "preservar su intimidad y los derechos de esas niñas y esos niños".
"Lo importante es que esos menores tutelados van a seguir recibiendo la misma protección y la misma atención de la Comunidad Autónoma con las mayores y con las máximas garantías como hasta ahora", ha recalcado el portavoz.
Asimismo, ha insistido en que "la Consejería de Política Social, con los menores que tiene bajo su tutela, actúa siempre teniendo en cuenta los derechos, la protección y el bienestar del menor", lo que ha considerado "insoslayable".