Murcia, de las pocas CCAA sin ley de espectáculos públicos, lo que provoca "inseguridad" al sancionar discotecas

MURCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Derecho Administrativo y director de la Cátedra de Derecho Local de la Universidad de A Coruña, Carlos Amoedo, ha advertido que la Región de Murcia se caracteriza por ser "casi la única comunidad autónoma que no tiene una ley específica integral de espectáculos públicos y de actividades recreativas".

Esto repercute a la hora de aplicar un régimen sancionador a establecimientos como las discotecas calcinadas el pasado fin de semana en la zona de ocio de Las Atalayas y provoca "inseguridad jurídica", tal y como ha señalado este catedrático en declaraciones a Europa Press.

En concreto, Amoedo ha dicho tener constancia de que "hay muy pocas comunidades" que carecen de una ley de estas características y, entre ellas, se encuentra la Región de Murcia.

Amoedo ha reconocido que ha habido un "mal funcionamiento" de la administración municipal en el caso de las discotecas de Las Atalayas, sobre todo, cuando no se ha procedido a precintar en tiempo y forma la actividad clausurada.

"Aparte de eso", ha considerado que "es importante dar también un poco más de contexto y de situar el problema en unos términos más generales dentro de la propia política legislativa que hay en la Región de Murcia respecto a los espectáculos públicos".

Ha admitido que es un tema "técnicamente complejo" y "difícil de explicar". "Probablemente, esto tendría que ser más propio de un seminario de Derecho Administrativo que de una tertulia televisiva", ha señalado.

Al analizar el régimen legal del intervencionismo público en espectáculos públicos, ha advertido que la Comunidad Autónoma de Murcia "tiene importantes déficits normativos" y "una baja calidad regulatoria".

Amoedo ha señalado que, durante años, la propia Asamblea legislativa de la Región de Murcia "ha sido consciente de la inexistencia de esa ley general y ha ido parcheando y haciendo algunas normas legales que trataban un poco de tapar huecos".

Entre estos parches, por ejemplo, ha recordado que la Asamblea aprobó en 2011 una ley que pretendía "regular la admisión a los locales de espectáculos públicos" y, en el 2016, introdujo una regulación legal para "poder sancionar a aquellos locales de negocio que no cumplan con los horarios de apertura y cierre".

"Y esto también es importante porque sabemos que, para sancionar a empresas de este estilo, necesitas tipificar tanto infracciones como sanciones en una norma con rango de ley que sea clara", ha aseverado.

Siguiendo con este razonamiento, ha advertido que "lo que no está claro es que haya una norma con rango de ley que atribuya a la administración autonómica o local la potestad de sancionar a las empresas que incumplan la obligación legal de obtener la licencia de apertura".

Ha admitido que esto "se puede discutir" porque "es cierto que la Ley de Protección Ambiental del año 2009 regula las infracciones y sanciones para la carencia de licencia de muchos tipos de actividades".

Precisamente, ha puntualizado que las actividades que están sometidas a esta Ley de 2009 están recogidas en los anexos del texto, "y ahí no está tampoco tan clara la sujeción de los espectáculos públicos". "Y es justamente en esa inseguridad jurídica, en esa poca taxatividad, donde se mueve el legislador de la Región", según Amoedo.

Por todo ello, ha recordado que el Gobierno regional ha intentado hasta en dos ocasiones (en 2019 y en 2022) dotar a la Comunidad de una normativa con rango de ley que regulara las infracciones y sanciones en materia de espectáculos.

En ambos casos, Amoedo ha explicado que la secuencia "fue la misma", ya que fue el Gobierno autonómico el que aprobó un decreto-ley conforme al Estatuto de Autonomía de Murcia, pero la Asamblea Regional rechazó convalidarlo y decayó.

Como consecuencia de todo ello, ha lamentado que "seguimos estando situados en un contexto legislativo inseguro y que no da una respuesta suficientemente integral y precisa a todos los problemas que da hoy en día la regulación administrativa en los espectáculos públicos".

En este sentido, ha manifestado que la regulación administrativa de los espectáculos públicos es una materia "compleja" en la que confluyen "muchos intereses".

Frente a ello, ha remarcado que las comunidades autónomas "han cogido el toro por los cuernos" y han aprobado sus propias leyes en sede parlamentaria, como es el caso de Galicia en 2017.

ENTORNO LIBERALIZADO

A la hora de buscar una explicación a la excepcionalidad de Murcia, Amoedo ha afirmado que él tiene una "hipótesis" en base a algunos indicios detectados.

Así, ha considerado que en la Asamblea Regional existiría una "tendencia a una política que procura mantener los espectáculos públicos en un entorno liberalizado", es decir, "con un margen más amplio para que se puedan abrir negocios y que, de alguna manera, funcione la economía de la noche".

Amoedo basa esta hipótesis, por ejemplo, en la ley aprobada en 2017 en la Región que hace una apuesta por la simplificación administrativa y por la desburocratización de los procesos de apertura de negocios y que también trató de simplificar la Ley de Protección Ambiental del 2009.

Y ese ánimo liberalizador, según Amoedo, sería achacable "a los que votaron en contra" de la ley de espectáculos públicos en 2019 y 2022. "Aquí, por lo menos, el gobierno políticamente yo entiendo que estaba actuando responsablemente", ha afirmado Amoedo.

Los dos decretos-ley que fueron rechazados en la Asamblea Regional habrían tenido aplicación en el caso concreto de las discotecas de Las Atalayas porque, según Amoedo, "preveían como infracción la apertura de espectáculos públicos sin obtener el título habilitante previo, es decir, sin obtener la licencia" e, incluso, la desobediencia de las órdenes de clausura.

Estos dos decretos-ley rechazados afectaban al régimen sancionador, "que es la palanca más intensa que tiene la administración para evitar comportamientos ilegales".

"La administración autonómica o los ayuntamientos tienen la capacidad sancionadora cuando lo reconoce una norma con rango de ley", según Amoedo.

En el caso de la Región de Murcia, los ayuntamientos "tienen las herramientas clásicas de las licencias de apertura para controlar los espectáculos públicos", pero "la herramienta sancionadora es más insegura y les ofrece menos seguridad jurídica".

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

Al ser preguntado por lo sucedido en el procedimiento administrativo de las discotecas incendiadas en Murcia, Amoedo ha considerado que "probablemente" haya causas relacionadas con la complejidad del cuadro legal sobre los espectáculos públicos.

Frente a otras comunidades autónomas en las que el "intervencionismo administrativo en materia de espectáculos públicos" ha subido de intención y de calidad", Amoedo ha estimado que en la Región de Murcia "tiene un intervencionismo más complejo, menos intenso, de peor calidad, que sin duda lleva a que los funcionarios en la administración local estén menos respaldados, menos seguros".

A su parecer, "eso también afecta un poco a cómo se enfoca el trabajo administrativo con este tipo de expedientes".

"Lo cual no quita que haya responsabilidades más concretas en el caso de Murcia", según este catedrático, quien sí que califica de "patología grave" de la administración el hecho de que no hubiera un precinto en los locales que tenían una orden de clausura. Y esto, en su opinión, "no se puede escudar en una mala calidad de las normas legales".

En el caso de las discotecas de Murcia, ha considerado que "hay unas responsabilidades claras que, en todo caso, tendrá que matizar y acreditar con mayor detalle la jueza de instrucción".