Plantean en sus conclusiones a la comisión de investigación que se realicen auditorías para estudiar la situación financiera y su viabilidad
CARTAGENA (MURCIA), 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista considera "urgente" que el Gobierno regional llegue a un acuerdo con el grupo ACS para adquirir la planta desaladora de Escombreras. Los socialistas han presentado hoy las conclusiones a las que ha llegado su grupo tras escuchar las comparecencias en la comisión de investigación de la desaladora en la Asamblea Regional.
En ese sentido, advierten que el "coste real" de la planta era de 140 millones de euros y creen que se podría llegar a un acuerdo de compra en el que "se descuente" lo que ya se ha pagado. El socialista Jesús Navarro ha incidido en que de ser así la infraestructura "puede ser viable y muy necesaria para uso agrícola".
El grupo plantea, asimismo, que se realicen auditorías para estudiar la "situación financiera" y la viabilidad de la planta y que se redacte un plan de viabilidad económica en el que se contemplen las inversiones "necesarias" para abaratar los costes del agua. En este punto, indica que estos costes se podrían reducir introduciendo la energía solar y piden a la Confederación Hidrográfica del Segura que "inicie los trámites" para que el agua se destine al uso agrícola.
Asimismo, el secretario general del partido en la Región ha informado de que quieren remitir las conclusiones a la fiscalía porque han advertido que se "pudieron incurrir en indicios de ilícito penal" y también las enviarán al Tribunal de Cuentas "porque pudiera derivar responsabilidad contable".
Entre las conclusiones más destacadas, Tovar ha indicado que han percibido el "perjuicio" que ha supuesto la desaladora para el erario público, "es un escándalo, hay una sensación de impunidad y unas obligaciones muy gravosas para las arcas públicas", ha dicho antes de añadir que hay que "parar la sangría económica" de esta infraestructura porque de lo contrario "el PP usurpará el dinero de las políticas sociales para la Región".
Esperarán a consensuar las conclusiones con el resto de los grupos en la comisión para remitirlas a la fiscalía, aunque saben que habrá puntos en los que no haya consenso porque "el PP niega sus responsabilidades. Es difícil que asuman el escándalo y pelotazo que crearon al firmar los 26 convenios con ayuntamientos".
Solicitan asimismo que el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel dimita de su cargo como vicepresidente en el parlamento europeo. Afirman que el aval que firmó el Gobierno "ha hipotecado el futuro a corto y medio plazo" y añade que se hicieron las operaciones "sin contar con los servicios jurídicos. De haber realizado la licitación el ahorro hubiera sido de más de 300 millones".
"La comisión ha hecho un trabajo brillante", concluye el portavoz del grupo, Rafael González Tovar, que asegura que "hay que resolver el problema de la desaladora y la repercusión que tiene en la Región" aludiendo a que el "fraude y escándalo" de esta infraestructura "no puede quedar impune".
