Pujante dice que informes del TSJRM y Fiscalía corroboran que "no hay indicio" de algún tipo de delito sobre su persona

MURCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IURM, José Antonio Pujante, valoró hoy de forma positiva el informe de la Fiscalía y el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, en el que se concluye que no hay indicios suficientes que justifiquen la apertura de una instrucción penal e imputación por presunto delito de malversación de caudales públicos derivados de su participación en un viaje a Sevilla en 2004, tal y como señaló el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca.

Así, destacó que sendos escritos "corroboran los argumentos que, en todo momento, defendí de que no había ningún tipo de indicio que apuntase a situación delictiva sobre mi persona".

Pese a esta valoración positiva, Pujante criticó la instrucción defectuosa por parte del Juzgado de Lorca, que investiga los posibles delitos contra la Hacienda Pública que pudieron cometer algunos ciudadanos de Lorca, en el marco de la operación 'Reciclaje', y por el que fueron detenidos y puestos después en libertad con cargos ex concejales del PSOE en el Ayuntamiento, entre ellos el ex alcalde socialista regidor de este municipio durante 13 años --desde 1993 hasta julio de 2006--, Miguel Navarro; el ex gerente de Limusa, un dentista, un notario, un corredor de seguros y empresarios.

Así, puso de manifiesto que la Fiscalía "dice que no hay ningún indicio y se dice claramente por parte del auto del TSJ". "No hay ningún elemento objetivo, no hay nada", recalcó Pujante, quien lamentó que dicho juzgado "se lavara las manos" y remitiera el asunto al TSJ de Murcia, mientras que se le sometió "a un suplicio mediático durante dos meses".

Sobre la actuación del propio juzgado y el titular encargado de investigar esta trama en torno a una empresa municipal de limpieza 'Limusa', Pujante se preguntó "por qué no llamó a declarar a un concejal del PP, que no es aforado", que también participó de dicho viaje "en donde se aprecian indicios de delito hacia mí".

De ahí, dijo extraer dos conclusiones "lógicas". Así, explicó, si el magistrado lo hubiera llamado a declarar "hubiera podido optar por imputarlo o dejarlo libre sin cargos: si lo imputa, refuerza su acusación contra mí pero si no, lo deja libre sin cargos y, de este modo, cómo actuaría contra mí si estoy en la misma situación que él".

Por todo ello, y puesto que no se aprecia en la figura del coordinador regional de IU ningún tipo de indicio, consideró que el Juzgado número 4 de Lorca, a tenor del informe del TSJ, "lo más conveniente es que archive la causa", aunque "si quiere seguir investigando, pues que lo haga".

Y es que, resaltó, el criterio que se plantea en dicho auto es "claro, argumentado y contundente", ya que está firmado por los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia --compuesta por los el presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, y los magistrados Manuel Abadía Vicente y Julián Pérez-Templado--.

El viernes pasado, se anunció que la Sala declaraba la competencia de la misma para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento con respecto al aforado Bartolomé Soler en relación con los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, así como de aquellas personas relacionadas con los hechos que se imputan al diputado socialista regional en su etapa como concejal de Lorca y consejero delegado de la empresa municipal Limusa.

En lo que respecta a Pujante, el auto del TSJ concluye que fue una de las personas que viajó a Sevilla con ciertos cargos públicos del Ayuntamiento de Lorca a cierto evento, viaje en el que se acabaron cargando en las cuentas de Limusa los gastos que se ocasionaron en un local de alterne. Pero advierte que dichos provienen de manifestaciones de uno de los imputados, Francisco Gil Eguino.

Por todo ello, criticó que "algún medio de comunicación me puso como el jefe de la trama, como Al Capone, mezclado con una serie de actitudes delictivas de las que no tenía ninguna relación".

Sobre la actuación del diputado Soler, sostuvo que "existen responsabilidades políticas que no ha negado, sino que las ha asumido y es algo evidente", aunque declinó ahondar más sobre esta cuestión y pronunciarse una vez que se abra el juicio oral y ver en calidad de qué se le acusa por parte del TSJ. "Prefiero ser prudente y esperar a acontecimientos para ver en qué queda la cosa, porque responsabilidad política hay y penal, habrá que esperar", aseveró.

Preguntado sobre si tomará algún tipo de medida al considerar que se ha dañado su honor, Pujante indicó que será una cuestión que adoptarán los servicios jurídicos de IU, aunque afirmó que "no es la cuestión principal, por lo menos en lo que respecta al juez instructor del número 4 de Lorca".

Sin embargo, dejó entrever que "hay algún seudo medio de comunicación, algún opinador, que se ha escondido detrás del anonimato y que previsiblemente será susceptible de alguna acción judicial por parte de IU".

INVESTIGAR LA VERDADERA TRAMA "NEGRA" EN LORCA

Sobre la operación 'Reciclaje', Pujante exigió que "se investigue hasta sus últimas consecuencias y se depuren todas las responsabilidades", tras lo que advirtió que IU "ni se ha callado, ni se calla, ni se callará jamás sobre casos de corrupción que hay que perseguir en la Región".

En este sentido, insistió en la necesidad de formalizar un acuerdo político encaminado a la lucha contra estas situaciones de corrupción, porque, reveló, "siguen habiendo bastantes sospechas de corrupción relacionadas con la actividad especulativa urbanística en Lorca".

"Resulta sorprendente, enfatizó Pujante, que no se haya iniciado ninguna investigación de ninguna naturaleza", razón por la que opinó que "sería bastante procedente que se llevara a cabo para que la verdadera trama negra de corrupción que hay en Lorca y otros lugares de la Región se investigara hasta sus últimas consecuencias".

Y es que, subrayó, "independientemente de la trama de Limusa, durante los dos mandatos en los que fui concejal de IU en Lorca hice una denuncia continua sobre la corrupción urbanística, dado que estos convenios se vinculaban a prácticas corruptas".