Claver pide a PP y PSOE que el trasvase "no sea objeto de ningún tipo de arreglo" ni de "compadreos
MURCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) acordó hoy que, una vez entre en vigor la nueva tarifa del trasvase aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por considerar el incremento "injusto y desproporcionado".
Así lo anunció hoy, en rueda de prensa, el presidente del Scrats, José Manuel Claver, quien explicó que el sindicato no se opone a la tarifa, ya que el pago de la misma "es el aval que nos legitima para pedir el agua, pues siempre hemos presumido de pagar el cien por cien, pero queremos que sea justa".
Y es que, en opinión de los regantes del trasvase, este incremento tarifario se hizo "de forma desorbitada y de la peor manera, además de que el día era el menos oportuno", pues fue un día de huelga del sector agrario previo a una gran manifestación nacional. Por ello, insistió en que sus demandas se centran en una tarifa "equilibrada".
De hecho, explicó que la tarifa en vigor, todavía no sustituida por la nueva al no haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado, data de 2005 y en la misma el 65 por ciento de los costes se corresponden a lo denominado como Gastos Variables que, según Claver, son principalmente los costes energéticos.
Sin embargo, en la nueva tarifa esos Gastos Variables suben hasta situarse en el 82 por ciento del total, debido principalmente por el incremento del precio de la electricidad. De esta forma, los regantes pasarán de pagar una tarifa para riegos de 0,099 euros/metros cúbico a 0,173 euros/m3.
Claver incidió en lo "desorbitado" del incremento transformando el precio tarifa en euros a pesetas. Así, la tarifa de riego pasará de 16,58 pesetas/m3 a 28,86 pesetas/m3, lo que supondrá un aumento del 74 por ciento de la tarifa del trasvase para riegos.
Pero, además, los regantes abonan otra tarifa, denominada 'de peaje', por el transporte de las aguas del Segura por el postrasvase, y cuya subida es todavía mayor, al pasar de los 0,017 a los 0,054 euros/m3 o, en su equivalente en pesetas, de 2,82 pesetas/m3 a 9,13 pesetas/m3, lo que representa un aumento de "casi el 225 por ciento", en palabras de Claver.
Igualmente, la Junta de Gobierno del Scrats dio su visto bueno a reclamar que las compensaciones por la situación de sequía, que el Gobierno central concede en exenciones de los apartados B y C de la tarifa del trasvase por no superar los 200 hm3 enviados anualmente desde la cabecera del Tajo, se mantengan este año, pese al incremento de la tarifa, así como en 2010.
En este sentido, Claver detalló que esas exenciones "se aprueban a final de año y esperamos que se haga en las próximas semanas mediante el decreto-ley correspondiente", pero "entendemos que de cara al año que viene, y ante la situación de crisis que atraviesa el sector agrario, debería aprobarse antes, cuando se sepa que no se van a superar los 200 hm3 trasvasados, porque evitamos que las comunidades de regantes tengan que pedir un crédito para pagar una tarifa que luego le van a devolver".
ESTATUTO C-LM
Respecto a la reunión que mantendrán mañana los portavoces del PSOE y del PP en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, respectivamente, para tratar de desbloquear la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, Claver reiteró que "cualquier regulación del trasvase Tajo-Segura es competencia exclusiva del Estado y no debe figurar en ningún Estatuto de Autonomía".
Por ello, pidió a ambos portavoces que el trasvase "no sea objeto de ningún tipo de arreglo" ni de "compadreos", así como que eviten "dejar artículos con interpretaciones dudosas, que no hacen más que generar mayores complicaciones". "El Tajo-Segura es demasiado importante en esta tierra como para que podamos someterlo a componendas", aseveró.
Finalmente, Claver apuntó que las referencias al trasvase contenidas en la reforma del Estatuto castellanomanchego son "inconstitucionales, porque es competencia exclusiva del Estado todo lo que respecta al Tajo-Segura", por lo que, a su entender, "la única solución es devolver el Estatuto".
