Aplicación en todos los centros educativos de la Región que imparten enseñanzas regladas no universitarias, recogidas en la LOE
MURCIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, ha confiado en que "en un plazo de cuatro o cinco meses" la Ley de Autoridad Docente pueda estar preparada para remitirla a la Asamblea Regional al objeto de su aprobación.
El anteproyecto de Ley de Autoridad Docente de la Región de Murcia ha pasado ya por la Mesa Sectorial de Educación --representada por todas las organizaciones sindicales--, la Comisión de Directores de Primaria y la de Directores de Secundaria y la Mesa de la Concertada; órganos todos ellos que han informado favorablemente.
Esta semana se ha remitido al Consejo Escolar de la Región de Murcia y, por último, el siguiente paso será el Consejo Jurídico. Una vez que emitan sus informes, el Consejo de Gobierno aprobará el inicio de su tramitación parlamentaria.
Un procedimiento, según fuentes de la Consejería consultas por Europa Press, "ordinario" en el caso de esta Ley, aunque no obligatorio. Y es que, desde el primer momento, fue voluntad de Sotoca que esta ley contara con la participación de toda la comunidad educativa y así poder enriquecerla.
En concreto, Sotoca ha explicado que "ya ha pasado por los informes facultativos", esto es, la Mesa Sectoriales y las comisiones de directores tanto de Primaria como de Secundaria; estando pendientes los informes preceptivos.
Según ha precisado, "serán más de 25.000 los docentes que estén afectados por la atribución de Autoridad conforme a la Ley y que impartan cualquier tipo de enseñanza no universitaria de las recogidas en la LOE".
"Esta Ley de Autoridad Docente, que era una de las prioridades de esta legislatura, responde a una demanda de la sociedad murciana que reconoce el importante papel que están jugando los docentes en la Región y la necesidad de apostar por un adecuado clima de convivencia y respeto en las aulas", ha puntualizado el consejero.
Los objetivos fundamentales de la misma son, por un lado, "reforzar el papel social que tiene ante la comunidad educativa el docente en el desempeño de sus funciones, haciendo valer su figura como parte esencial de ese proceso de aprendizaje y de desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlo" y, por otro lado, "establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución al considerarlo como autoridad pública".
APLICACIÓN EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MURCIA
Dicha ley, ya puesta en marcha en Madrid y Valencia, reconocerá y fortalecerá la figura del docente y fomentará la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones.
El texto legal propone su aplicación en todos los centros educativos de la Región que imparten enseñanzas regladas no universitarias, recogidas en la LOE, y se extendería tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.
En cuanto a la protección jurídica, las consecuencias más directas son "el reconocimiento de la condición de autoridad pública al docente y la presunción de veracidad de los hechos que constaten los docentes, además de la garantía de asistencia jurídica en caso necesario".
Según el anteproyecto de Ley, la condición de autoridad pública "se le confiere a todos los directores y miembros de los equipos directivos, así como a los docentes de la Región, que gozarán de la protección reconocida por el ordenamiento jurídico".
En el caso de los centros privados, esta condición quedaría limitada al ámbito interno y disciplinario de las relaciones de los docentes con el alumnado.
Por su parte, la presunción de veracidad implicaría que los hechos constatados por los docentes en el ejercicio de sus funciones, y siempre que lo formalicen por escrito, serían veraces salvo prueba en contrario.
Asimismo, la norma atribuiría rango legal a la protección y asistencia jurídica, que ya presta la Comunidad, a través de la Consejería de Educación, a los docentes de los centros públicos por cualquier procedimiento en el que estuvieran inmersos. Además, garantizaría la cobertura de la responsabilidad civil derivada del ejercicio legítimo de sus funciones.
Otro de los aspectos que recoge el Anteproyecto de Ley es la responsabilidad del alumno por los daños que puedan causar de forma intencionada o negligente. En este caso, el alumno deberá reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.
