"Es evidente que tendrá un deseo de fuga y de eludir la acción de la Justicia muy elevado", dice el fiscal sobre el cuñado de Trashorras
GIJÓN, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal especial Antidroga de Asturias, José Perals, se vale de la petición de prisión preventiva para Antonio Toro Castro por el 11-M, pese a estar cumpliendo condena de 6 años por otro delito, para presentar su recurso contra el auto de la Audiencia Provincial que denegó la prisión provisional para el acusado, condenado recientemente por el caso 'Pípol'.
Perals entregó esta mañana su recurso por el caso de Toro Castro y otros cinco condenados en el mismo juicio, cuya sentencia está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Asimismo, el fiscal considera en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que "si en alguno de los condenados existe un evidente riesgo de fuga combinado con la reiteración delictiva es en Antonio Toro Castro".
Perals argumenta que el riesgo de fuga debe valorarse en cada procedimiento, independientemente de la situación personal que tenga en otras causas, para prevenir cualquier alteración en la situación personal del procesado.
En su opinión, "una persona condenada a 11 años y 6 meses de prisión, si por cualquier circunstancia se modifica su situación personal en los otros procedimientos, es más que evidente que tendrá un deseo de fuga y de eludir la acción de la Justicia muy elevado".
Además del recurso referente a Toro Castro, Perals resalta en su escrito que durante la vista en la que se estudió su petición de prisión provisional para los procesados, el pasado día 8, varios letrados de la defensa aportaron pruebas documentales después de la intervención fiscal, por lo que no pudo pronunciarse sobre ellas.
Estas sirvieron luego como argumentación del tribunal en algunas cuestiones, una circunstancia que, a juicio de Perals, justifica su recurso.
Entre otras cosas, el fiscal señala que los contratos de trabajo aportados por dos de los acusados son muy recientes, por lo que se deduce según él, la "inestabilidad laboral" de los imputados. Por contra, Perals resalta que la sentencia del caso "Pípol" constata que sus ingresos económicos provenían de la venta de drogas.
Es más, al fiscal le sorprende que el empresario contratista de uno de ellos, D.G., sea precisamente uno de los acusados absueltos en esta causa, en concreto A.O.C..
También destaca en su recurso Perals el hecho de que la Sala haya tenido en cuenta que uno de los imputados, A.M.A.Z. está tramitando una prestación por incapacidad y que, debido a ello, se deduzca "el arraigo y la falta de deseo de fuga", dice. "No se sabe cuál es la cuantía de esa pensión, que si es de la Seguridad Social no será tan cuantiosa como los beneficios obtenidos del narcotráfico, pero es que además ni siquiera se ha concedido", apostilla Perals en su recurso.
El fiscal llama la atención ante la posibilidad de que le denieguen al citado acusado la pensión, ya que desconoce si en ese caso el tribunal entendería que hay riesgo de fuga.
Otros argumentos del fiscal son algunos de los errores que existen en el auto, como el que se diga que el procedimiento duró 7 años, cuando éste se inició el 2 de febrero de 2001 con las primeras escuchas, mientras que las primeras detenciones se produjeron el 25 de julio de 2001. En consecuencia, "transcurrieron 6 años y unos pocos días y no siete años como se dice en el auto recurrido", señala.
Además, recalca que, si bien no se fugó ningún procesado, sí lo hizo uno de los imputados, José Ignacio Fernández Díaz, quien compartía con Toro Castro y Suárez Trashorras el garaje donde se hallaron los explosivos, lo que acredita, a su parecer, de una manera concreta, que el riesgo de fuga existe.
También Perals hace hincapié en que se ha roto la presunción de inocencia de los acusados, ya que contra la sentencia sólo cabe el recurso de casación, un trámite "cuyas perspectivas de éxito son más limitadas dadas las restricciones que el mismo tiene", apunta. Para el fiscal, este es otro motivo del riesgo de fuga.
En cuanto al agente de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, Perals dice que el hecho de que se encuentre imputado en un sumario ya concluido por tráfico de drogas es un dato sumamente revelador de que esta persona sigue traficando con sustancias estupefacientes. Por ello, considera que la prisión provisional, en esta causa en la que ya se le ha condenado, es el modo "más lógico y normal" de evitar la reiteración delictiva.
Perals aclara en su recurso que si no se pidió la prisión provisional para otro de los imputados, J.L.A., también reincidente, es porque la solicitud de esta medida cautelar es sólo para los condenados a más de 9 años de prisión.
En base a todos estos argumentos, el fiscal "interesa la revocación del auto porque no existe un riesgo abstracto de fuga, sino uno concreto: las citadas personas han sido condenadas por sentencia de una Audiencia Provincial a penas de privación de libertad superiores a los 9 años".
Para Perals, no puede valorarse que tiempo tuvieron para fugarse y no lo hicieron, porque durante el tiempo de tramitación del procedimiento aun no se había dictado la sentencia.
VISTA POR TRASHORRAS
Por otro lado, la misma Sala de la Audiencia acogerá el próximo 22 de febrero, a las 10:00 horas, la vista para la solicitud formulada por Perals de aplicar la medida cautelar de prisión provisional al ex minero avilesino, José Emilio Suárez Trashorras, condenado por el caso "Pípol" e imputado por el 11-M.
Suárez Trashorras seguirá la vista por videoconferencia desde el centro penitenciario de Alcalá-Meco. Precisamente el traslado a esta prisión provocó que se suspendiera esta vista el pasado 8 de febrero, donde se trató la aplicación de la medida cautelar a su cuñado -Toro Castro- y otros cinco condenados por el caso "Pípol".
