Advierte de que la opacidad de las organizaciones locales de los partidos constituye un "peligroso caldo de cultivo de corruptelas"
MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) considera "difícilmente comprensible" la decisión de la Junta Electoral Central por la que declaraba las concentraciones del 15-M contrarias a la "legislación electoral" ya que un movimiento "social y espontáneo" de estas características "no puede ser interpretado como políticamente perturbador del proceso electoral".
"Cercenar los aires de libertad ciudadana que soplan en nuestras plazas desde luego no contribuye a dotar de contenido una democracia que no queremos meramente formal", ha remarcado la asociación en la 26 edición de su Congreso anual celebrado en A Toxa (Pontevedra).
La UPF ha alabado unas movilizaciones que han roto "por primera vez un clima de apatía ciudadana" en momentos de "grave crisis económica y social" y ha tildado de "sorprendente" el acuerdo de la Junta, teniendo en cuenta una sentencia del 15 de noviembre de 2010 dictada por el Tribunal Constitucional, que dictaminaba que "la mera posibilidad de que una reivindicación pueda incidir de una u otra forma en el electorado, se muestra como insuficiente para limitar el derecho de reunión en período electoral".
Para los fiscales progresistas es "difícilmente comprensible" el acuerdo adoptado en la noche del jueves por la JEC "desde la perspectiva de los derechos ciudadanos", por lo que estima que el máximo organismo de arbitraje no ha ponderado "adecuadamente" los intereses en conflicto.
Los miembros de la asociación se muestran particularmente preocupados" por la corrupción, un problema, dicen, que deviene "endémico" en los países avanzados. "En un momento de crisis el Estado social se tambalea, hay que esperar que se tome finalmente conciencia de lo inaceptable de ciertas conductas que en épocas de prosperidad eran más o menos toleradas", añaden en un comunicado.
"En esa zona gris de la corrupción se sitúa la financiación ilegal de los partidos políticos", señala la UPF, que enmarcan en este contexto la "dispersión contable y la opacidad de las organizaciones locales" de los partidos que constituye un "peligroso caldo de cultivo de corruptelas".
En cuanto a la "falta de transparencia" en las relaciones entre los partidos y las fundaciones, añaden que ciertas prohibiciones impuestas a los partidos no rigen para éstas últimas, lo cual puede acercar a "prácticas en principio alegales o ilegales a la pura corrupción criminal".
UPF CONTRARIA A REFORMAR EL TRATADO SCHENGEN
Sobre la posibilidad de reformar el acuerdo de Schengen, la UPF piensa que se está exagerando un "supuesto problema relativo a la inmigración extracomunitaria", lo cual pone en entredicho los valores de los que la Unión Europea hace alarde, mina su credibilidad exterior y "tiende la alfombra a todo tipo de movimientos populistas y xenófobos".
Ante el "preocupante crecimiento" de discursos xenófobos y racistas, la asociación ha instado al Gobierno a modificar "urgentemente" los artículos 510 y 607 del Código Penal relativos a la provocación al odio, la violencia y la discriminación.
En concreto, abogan por eliminar "el tan conflictivo término" de provocación y sustituirlo por "incitación" así como por dejar claro que las víctimas no sólo los colectivos sino también las personas físicas individualmente consideradas. Además, pide que estos comportamientos también sean castigados si son difundidos en páginas de Internet o correos electrónicos.
Por último, la UPF ha lanzado un mensaje de apoyo a la Fiscalía de Milán frente a los "ataques y descalificaciones" que está recibiendo por parte del Gobierno italiano en relación con los procedimientos abiertos contra el primer ministro, Silvio Berlusconi.
"El encomiable trabajo de la Fiscalía milanesa podrá ser jurídicamente discutido por las vías previstas en la legislación procesal, en términos de defensa y en el seno del procedimiento, pero rechazamos contundentemente la constante descalificación e infamia sufrida por nuestros compañeros italianos, procedente de sectores políticos muy determinados que pretenden, simplemente, situarse por encima de la ley", concluye.
