MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El abogado de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), Javier Gallego, que ejerce como acusación popular en la investigación judicial del accidente del avión de Spanair calificó hoy de "sumamente acertadas" la decisión del juez instructor del caso de citar para declarar como imputados a dos técnicos y al jefe de mantenimiento de la compañía aérea, y consideró que marca "un punto de inflexión desde el punto de vista jurídico y de lo que va a ser todo el trámite procesal".
En declaraciones a Europa Press, Gallego justificó el auto del juez defendiendo su capacidad para tomar sus propias decisiones, sin tener que esperar a los resultados de la comisión de investigación creada por el Ministerio de Fomento, porque estos "se pueden dilatar dos, tres o cuatro años, y el juez tiene que tomar sus decisiones".
La OID ya había solicitado hace más de una semana al magistrado la comparecencia de estas personas por considerar que los datos que puedan aportar son "importantes para aclarar lo que sucedió aquel día, puesto que fueron las últimas personas que estuvieron en contacto con el avión, con el piloto y la tripulación y las que puedan explicar que fusibles se cambiaron y que protocolo se aplicó". "Es por donde hay que empezar", destacó.
No obstante, para Gallego el hecho de que hayan sido citados como imputados no tiene una especial relevancia y, en su opinión, responde a la intención del juez de garantizar lo mejor posible los derechos de estas personas. "Luego, la investigación dirá si estas personas tienen o no alguna responsabilidad", añadió.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Sin embargo, para Gallego "la mejor noticia de todas" de las que se derivan del auto del juez es la que solicita la creación de una nueva comisión de investigación en el ámbito judicial. "La comisión importante es ésta, ya que va a estar sometida al control de los jueces y abogados, y no la de Fomento cuya finalidad no es buscar la verdad judicial", señaló.
Asimismo, anunció que la OID ha solicitado que la compañía Spanair deposite una fianza de 154 millones de euros --un millón de euro por cada fallecido en el accidente--, a la que habría que sumar la cantidad que se determine en el caso de los heridos y lesionados, como medida cautelar en concepto de responsabilidad civil.
Según el letrado, esa cantidad es "proporcionada y necesaria" para un caso del que puede derivarse la responsabilidad de 154 delitos de homicidio imprudente y 18 de lesiones imprudentes para Spanair, "y ya veremos si también para la constructora --Boeing--, y ya veremos si también para la Administración".
En su opinión, el accidente de Barajas debe afrontarse y tratarse como cualquier otro procedimiento penal. "Todos los días se están depositando fianzas y medidas cautelares, constantemente", subrayó, por lo que el establecimiento de medidas cautelares ante una posible responsabilidad civil subsidiaria debe ejercerse "como en cualquier procedimiento penal".