CÓRDOBA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
G.L.C. y C.A.H., una pareja acusada de terminar de construir una casa que habían comprado inacabada en la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) de Medina Azahara, en Córdoba, afirmaron hoy que no sabían que era ilegal, que toda la zona está urbanizada e incluso había noticias de que el Pleno municipal iba a aprobar el alcantarillado.
Durante la vista oral, G.L.C. explicó que compraron la vivienda, ubicada en la parcelación de Las Pitas, a un conocido en diciembre de 2005 y que ya estaba construida, a falta de las ventanas y la tejas. Añadió que no sabía que se trataba de un terreno no urbanizable, a pesar de que la casa, con 140 m2 construidos y 500 m2 de de terreno, le costó algo más de 12.000 euros, junto a algunas deudas que tenía el anterior propietario.
Esta acusada señaló que quien se la vendió no les advirtió de la situación, por lo que no sabía que las parcelas de esa zona eran ilegales y no pidieron ninguna licencia de obras porque estimaron que para poner unas ventanas y tejas no era necesario. Subrayó además que su parcela está rodeada de edificaciones y que sólo se enteró de la declaración BIC cuando la Policía Nacional y la Delegación de Cultura de la Junta se lo notificó en octubre de 2006.
Por su parte, el otro acusado, C.A.H., declaró que sabía que ese era suelo rústico, pero no conocía que no fuera urbanizable, aunque añadió luego que pensaba que se iba a legalizar porque estaba todo lleno de viviendas y existen varias industrias allí. Apuntó además que el Ayuntamiento le concedió el empadronamiento en dicho lugar.
Sin embargo, el anterior propietario, que también declaró en la vista oral, afirmó que sí advirtió a los acusados de que era suelo rústico y lo que le había pasado con la casa, ya que tuvo que ir a declarar ante la Policía en varias ocasiones. Explicó que a la vivienda le quedaba el tejado, terminar de tabicar un metro de altura y por dentro no tenía nada.
Para el ministerio público, los hechos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio y solicita para cada uno de los implicados un año de prisión y que paguen los gastos de demolición de la vivienda "construida de forma ilegal".
