SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz y los partidos políticos del Parlamento andaluz, PSOE-A, PP-A e IULV-CA, han coincidido este jueves en apelar a que se mantenga el consenso que en su día se dio para la reforma del Estatuto de Autonomía con el fin de que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el artículo 51 del texto, se logre una solución que permita llegar al "máximo" en la gestión del Guadalquivir, dentro del marco constitucional y estatutario.
Durante su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento andaluz, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha señalado que la Junta acata y respeta la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Guadalquivir, si bien la ambición sigue siendo conseguir la mejor gestión posible de un recurso clave para la comunidad, por lo que se ha asumido el compromiso político de encontrar la fórmula legal y constitucional más adecuada para abanderar la gestión del Guadalquivir. Ha querido dejar claro que la importancia de este río para Andalucía no es ni una "cuestión trivial" ni "un capricho".
Moreno ha indicado que tanto el Gobierno central como la Junta coinciden en que existe margen legal suficiente para que Andalucía siga teniendo una capacidad importante sobre la gestión del Guadalquivir.
Así, ha expuesto que tras la reunión de los presidentes del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la Junta, José Antonio Griñán, el pasado lunes, se celebrará la comisión bilateral Estado-Junta, el jueves 30, para abordar una encomienda transitoria de gestión, en la que ya se está trabajando, hasta encontrar una solución definitiva. Ha apuntando que la fórmula de la encomienda de gestión va a servir para validar y para dar normalidad y plena legalidad a todo este periodo transitorio que se abre.
La solución definitiva va a ser muy compleja en términos jurídicos, según Moreno, dada la ausencia de precedentes, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno se encuentra plenamente imbuido en solventar la situación.
La consejera ha trasladado a los grupos políticos la voluntad de diálogo y de información permanente del Gobierno, con el fin de que el modelo final de gestión del Guadalquivir pueda contar con el máximo consenso.
PP-A HABLA DE "PELIGROSO LIMBO"
Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Sanz ha expresado por el firme compromiso de su partido por el consenso estatutario que tanto ha significado para lograr el mejor Estatuto y que ahora debe mantenerse. Ha apostado por el diálogo institucional y parlamentario como garantía de ese consenso estatutario. Ha considerado fundamental la prudencia ante una sentencia que no ha sido una buena noticia y quizá no haya sorprendido dado que la cuestión era polémica.
Ha querido dejar claro que su partido está a favor de que Andalucía tenga el máximo nivel competencial en el marco constitucional y ha estimado que hay margen suficiente para seguir avanzando gracias al diálogo institucional y parlamentario. Ha expresado la preocupación de su partido por que se está trabajando en este momento sobre bases "poco sólidas" y estamos en un "peligroso limbo". A su juicio, el problema principal de Andalucía no es de competencias, sino de "mala gestión" y de "caos" en la política de aguas desarrollada por la Junta y que se tienen que "replantear".
Ha indicado que la sentencia del Tribunal Constitucional "pone en tela de juicio" el ámbito legislativo que impera en Andalucía, de manera que ha demandado la derogación de la Ley de Aguas y de la Ley de reordenación del sector público andaluz porque han quedado en "entredicho". Ha mostrado su preocupación por que está "en juego el futuro" de centenares de trabajadores que están vinculados a la Agencia del Agua.
El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, ha indicado que este asunto exige un gran acuerdo de unanimidad de Andalucía en torno al Guadalquivir, después de una sentencia del TC que "cercena" una de las partes más importantes en materia competencial. El camino que queda, a su juicio, es el artículo 150.2 de la Constitución.
Una vez asumida las transferencias, según ha apuntado, se han desarrollado una serie de acciones que hay que seguir manteniendo, al tiempo que ha expresado que la gestión y planificación plena del Guadalquivir tiene que ser el objetivo. Ha trasladado a Moreno que el Gobierno andaluz cuenta con la disposición total de IU para un "acuerdo de máximos", y ha expresado que le parece bien que el primer paso sea la encomienda transitoria de gestión.
PSOE PIDE MANTENER EL CONSENSO ESTATUTARIO
Por su parte, el portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez ha manifestado que el Estatuto de Autonomía salió adelante como consecuencia de la capacidad de los grupos de alcanzar un consenso en las propuestas y en la tramitación, una base fundamental que, a su juicio, debe seguir presidiendo con buena fe la gestión de la coyuntura como consecuencia de la sentencia del TC.
Ha pedido a PP-A e IU que no se rompa ese consenso estatutario ni la lealtad mutua ni con el pueblo andaluz. Ha pedido que no se aproveche esta coyuntura para otras cuestiones y ha lamentado que el PP sí haya aprovechado su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Estatutario para hacer demagogia política de partido y análisis interesados".
Jiménez ha advertido a los populares de que ese no es el camino y de que se le hace un "flaco favor a la posición que tiene que tener Andalucía en defensa del espíritu de su Estatuto de Autonomía". Ha mostrado su preocupación por que el PP-A vaya a aprovechar esta coyuntura "para no se sabe qué interés", pero que en modo alguno tienen que ver con los intereses del pueblo andaluz. Ha indicado que el PSOE acata la sentencia del TC, pero sigue pensando que el Guadalquivir es un "río andaluz".
En su turno de réplica, la consejera de Presidencia ha agradecido a los grupos su voluntad de diálogo y de consenso y ha recalcado que la aspiración de la Junta es llegar al máximo dentro de un nuevo escenario jurídico. Moreno ha expresado que no comparte la opinión del PP-A de que podemos estar "en un limbo", apuntando que la encomienda de gestión es un "dique de seguridad" para generar normalidad en la actual situación y se pueda transitar hacia una solución definitiva.
Sobre la Ley de Aguas, ha manifestado que evidentemente resultará afectada con un "impacto reducido" por la sentencia del TC, pero que sigue siendo plenamente vigente y válida para todas las aguas intracomunitarias, al tiempo ha agregado que "en nada" se ve afectada la Ley de reordenación del sector público ni la Agencia Andaluza del Agua, porque los trabajadores que fueron transferidos en su día a la Junta están en el entorno de la Consejería de Medio Ambiente.
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