El respaldo del Gobierno al plan de autonomía marroquí para el Sáhara permite cerrar la crisis bilateral casi un año después
MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, realiza este viernes una visita oficial a Marruecos con la que los dos gobiernos buscan sellar su reconciliación tras casi un año de desencuentro e iniciar una nueva etapa en la relación bilateral.
La visita viene facilitada por el respaldo explícito que el Gobierno español ha brindado al plan de autonomía para el Sáhara Occidental que Marruecos presentó en 2007 y que ahora el Gobierno considera como "la base más seria, realista y creíble" para una solución.
Estas palabras, recogidas en una carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió al rey Mohamed VI el 14 de marzo supusieron el colofón a meses de esfuerzos por revertir una crisis nunca vista y cuyo telón de fondo era precisamente la cuestión de la antigua colonia española.
El reconocimiento por parte de Estados Unidos, con Donald Trump aún de presidente y vía Twitter, de la marroquinidad del Sáhara Occidental el 10 de diciembre de 2020 dio alas a Rabat que, reafirmado en su postura, se lanzó a tratar de empujar a otros países a seguir los pasos de los estadounidenses.
Ese mismo día, y con el argumento de la pandemia, se cancelaba la cumbre bilateral que España y Marruecos iban a celebrar una semana después en Rabat, con el compromiso de que esta tendría lugar en los meses siguientes, algo que sin embargo no ha ocurrido hasta la fecha.
El 22 de abril salta la noticia de que el Gobierno español ha autorizado por motivos humanitarios la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, aquejado de COVID-19 y que permanecería hospitalizado en Logroño hasta el 1 de junio.
El gesto fue la excusa perfecta para Marruecos que, con varios duros comunicados, en los que afeó al Gobierno no haberle informado de antemano como corresponde entre países socios y amigos, abrió un cisma que ahora se busca zanjar.
La escalada verbal culminó con la entrada masiva de más de 10.000 inmigrantes entre el 17 y el 18 de mayo en Ceuta, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes que dejaron hacer, y la llamada a consultas de la embajadora en Madrid, Karima Benyaich, quien además es amiga personal de Mohamed VI.
Dos semanas más tarde, el Ministerio de Exteriores marroquí reconocía que en realidad la acogida de Ghali no era "la raíz del problema" y que en el fondo de la crisis estaba "una cuestión de segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara, una causa sagrada de todo el pueblo marroquí". En este sentido, se pedía "una aclaración sin ambigüedades" al Gobierno español sobre esta cuestión.
La salida de Arancha González Laya, a quien Rabat responsabiliza de todo el caso Ghali, del Ministerio de Asuntos Exteriores y la llegada de Albares el 12 de julio supuso un punto de inflexión. Desde el primer momento, el nuevo ministro dejó clara su voluntad de enmendar la situación si bien sus gestiones, amparadas siempre en su reivindicada discreción, han tardado en dar frutos.
En los meses que siguieron, desde Rabat llegaron señales contradictorias. Por una parte, Mohamed VI pronunció un discurso el 20 de agosto en el que dijo que aspiraba a trabajar con el Gobierno español "con toda sinceridad y confianza" de cara a "inaugurar una nueva etapa inédita en las relaciones entre los dos países, sobre la base de la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos".
El Gobierno español recogió el guante y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio "la bienvenida a esas palabras porque sobre la confianza, el respeto y la colaboración presente y futura podemos construir una relación sobre bases mucho más sólidas que las que hemos tenido hasta ahora".
Sin embargo, pese a la voluntad manifestada por el monarca alauí sus palabras no se tradujeron en hechos. Así, en los meses sucesivos se conoció la instalación de una piscifactoría marroquí en las inmediaciones de las islas Chafarinas y la firma de un contrato por parte de Marruecos con una empresa israelí para explorar la búsqueda de petróleo y gas en la costa saharaui cercana a Dajla, frente a Canarias.
Además, en noviembre, con motivo del aniversario de la Marcha Verde Mohamed VI volvió a la carga con el tema del Sáhara. El monarca avisó "a quienes mantienen posiciones vagas o ambivalentes" de que Marruecos "no se comprometerá con ellos en ningún planteamiento económico o comercial que excluya al Sáhara marroquí".
"La marroquinidad del Sáhara es una realidad inmutable e indiscutible", recalcó días después su ministro de Exteriores, Naser Burita, insistiendo en que la única solución posible pasaba por el plan de autonomía que Rabat plantea para sus llamadas provincias del sur.
El Gobierno marroquí volvió a insistir en pedir "claridad" a España respecto al Sáhara después de que el Rey Felipe VI interviniera en enero por primera vez desde el estallido de la crisis, animando a "materializar ya" la nueva relación para el siglo XXI que ambos países buscaban forjar.
Esas aclaraciones llegaron en forma de carta y después de meses de negociación en los que, según contaron fuentes gubernamentales a Europa Press, el acuerdo estuvo varias veces muy cerca, aunque el hecho de que fuera la Casa Real marroquí la que hiciera pública la carta pilló un poco a contrapié al Gobierno.
El Ejecutivo marroquí se apresuró a celebrar la postura constructiva de España respecto al Sáhara y a incidir en que se abre ahora una nueva etapa en la relación en el marco de "una hoja de ruta clara y ambiciosa", de la que sin embargo no ha dado más pistas.
Mientras, el Gobierno, ha tenido que hacer frente a críticas desde todos los frentes, tanto a nivel doméstico como en el exterior. El giro con respecto a la tradicional neutralidad con respecto al Sáhara ha sido duramente criticado por todo el arco parlamentario, empezando por Podemos, socio de coalición, pasando por los socios de investidura y también desde el PP.
Como era de esperar, el Frente Polisario no tardó en denunciar que España había cedido al "chantaje" de Marruecos mientras que Argelia, su principal valedor, optó por llamar a consultas a su embajador en Madrid, visiblemente molesto por el paso dado por el Gobierno, que al contrario de lo sostenido por Moncloa, no le habría avisado de antemano.
El Gobierno esgrime que se trata de un buen acuerdo y que garantiza la integridad territorial y la soberanía de España. Este fue precisamente el mensaje que trasladó Sánchez durante su visita del 23 de marzo a Ceuta y Melilla y el que defendió también Albares en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados.
Asimismo, el Ejecutivo niega que haya habido "giro" en su postura sobre el Sáhara, remitiéndose una y otra vez a la necesidad de una solución mutuamente aceptable para las partes en el marco de la ONU, como había mantenido hasta ahora, y asegurando que ya con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa y luego con Mariano Rajoy el Gobierno manifestó su respaldo al plan de autonomía.
El viaje de Albares servirá, además de para poner en marcha la hoja de ruta, para preparar la próxima visita de Sánchez a Marruecos, adelantada por Rabat el mismo 18 de marzo, sin que por el momento esté claro si esta se enmarcará en la cumbre bilateral aún pendiente o precederá a la misma.
