El alcalde de Mogán (PP) denuncia que su detención se hizo sin orden judicial y apunta al jefe de Policía de Canarias

Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 27 febrero 2007 15:46

LAS PALMAS 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mogán, Francisco González, del PP, ha denunciado hoy que su detención tuvo un "interés estrictamente político" y fue "ordenada por la Policía, ya que no hay un auto judicial" al respecto. Una medida calificada por González de "desproporcionada", y con el único objeto de "dañar" al Partido Popular. González apunta como máximo responsable de esta trama al "Jefe Superior" de Policía de Canarias, Narciso Ortega.

"El juez sólo ha ordenado los registros y la policía me ha detenido cuando le ha dado la gana", dijo hoy González durante una rueda de prensa. Con tono irónico, también destacó que entró "en comisaría con nueve delitos" y llegó "a los juzgados con seis", por lo que "quien me los puso y me los quitó fue la Policía, no el Juzgado".

El máximo dirigente moganero hizo hincapié en que la denuncia presentada por dos ex concejalas populares que dio lugar a su detención, "fue la excusa perfecta para que la Policía pinchara los teléfonos de un alcalde y un grupo de gobierno del PP", con el "objetivo prioritario de desmantelar al partido en Canarias".

"De aquí a las elecciones intentarán divulgar, a través de los medios de comunicación, nuevos infundios", dijo González. "Detener al alcalde de Mogán, donde las encuestas daban una mayoría absoluta clara", era el primer paso, según González para "ir más allá", en referencia al Presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria.

El caso Góndola investiga presuntas irregularidades en el convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Mogán y la empresa promotora Anfi-Tauro. Estas presuntas irregularidades fueron denunciadas el pasado mes de junio por dos concejalas del PP, hoy adscritas al partido de Nueva Canarias.

Francisco González presentó ante los medios de comunicación facturas, convenios y acuerdos plenarios que avalan, según dijo, la legalidad de las actuaciones desarrolladas en su Consistorio.

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