SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Manuel Morillo (PP), se ha acogido hoy al derecho a no declarar en su citación ante el fiscal coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Sevilla, Luis Carlos Rodríguez León, por un presunto delito de medio ambiental, relacionado con los vertidos contaminantes de las industrias de aderezo de la aceituna, alegando que no se encontraba en condiciones para ello por enfermedad.
Según explicó a los periodistas el abogado del alcalde, Francisco Baena Bocanegra, Morillo ha acudido hoy a la citación "por respeto y para demostrar que quiere colaborar", pese "a que se encuentra enfermo, por eso no ha podido declarar", aclarando que "esto no significa que en cualquier momento decida acudir a prestar declaración".
No obstante, el alcalde ha aportado al fiscal "una amplísima prueba documental" en la que se incluye una serie de expedientes sobre los vertidos al río Guadaíra desde enero de 2006 hasta la fecha, "tal y como solicitó el fiscal", y de los que dijo el letrado "se dieron cuenta en su momento a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".
Asimismo, Baena Bocanegra indicó que el primer edil se ha remitido a la testificación realizada ayer por el concejal de Medio Ambiente, Antonio Ramírez Sierra, "ya que él es el verdadero conocedor de los hechos".
El concejal declaró ayer voluntariamente como testigo ante fiscal de Medio Ambiente, al no asistir ayer el alcalde por enfermedad, asegurando que el Ayuntamiento mantiene las competencias sobre los vertidos a la red de alcantarillado, pese a que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) anunció a finales de febrero que se las retiraba y las asumía.
Así, en su declaración el concejal afirmó que no tienen notificada la retirada de competencias en materia de vertidos como aseguró el pasado 27 de febrero en rueda de prensa el presidente de la CHG, Francisco Tapias, quien explicó que el órgano de la Cuenca asumió las competencias y que le habían dado un plazo de diez días al Consistorio para que le entregase las autorizaciones de vertidos que se han concedido a través de la red de alcantarillado municipal.
Sin embargo, el Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Javier Serrano, informó ayer a Europa Press de que el Ayuntamiento vuelve a tener las competencias sobre vertidos, tras la aprobación el pasado viernes de un Real Decreto de Ley en el Consejo de Ministros, que otorga dichas competencias exclusivamente a los consistorios.
Asimismo, Ramírez, preguntado por tres vertidos que tuvieron lugar el pasado 9 y 10 de enero, indicó que en esos días se practicaron mediciones y pruebas en el río por parte de técnicos de Medio Ambiente, pero que desconoce "si hubo o no vertidos al río".
Por otro lado, tras la citación del edil el ministerio público ha comenzado a tomar declaración a los representantes de las empresas de aderezo a las que el fiscal también ha abierto diligencias a raíz de estudiar la documentación aportada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH).
Fiscalía inició la investigación a finales del mes de enero tras admitir a trámite la denuncia presentada por la por la Asociación para la Defensa y Educación Medioambiental 'Ecologismo positivo' (ADEM) contra las administraciones, municipios y empresas por diferentes vertidos al río Guadaíra.
LA DENUNCIA
ADEM presentó la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente el pasado 15 de enero y, según explicó entonces a Europa Press su presidente, Juan Luis Cabeza, se dirige "fundamentalmente" a los empresarios "presuntamente" relacionados con los últimos vertidos sufridos por el cauce del Guadaíra, así como a las administraciones públicas "competentes y que han incurrido en dejación de funciones" al no impedir tales vertidos.
En el texto de la denuncia, al que tuvo acceso Europa Press, el colectivo señala que viene proponiendo "sistemas alternativos" para reducir "drásticamente" la existencia de estos vertidos consistentes a corto plazo en la remisión de los vertidos a la empresa Becosa, situada en Morón de la Frontera, para aprovechar el sistema de cogeneración en la producción de orujo y evaporar así parte de los residuos; y a medio plazo, con la evaporación de residuos a través de una balsa de evaporación con el apoyo de una planta de Biomasa ubicada en la localidad de Morón de la Frontera, "cuyo coste no superaría los diez millones de euros".
ADEM considera que las administraciones pueden estar incurriendo en delitos de prevaricación ecológica, daños a la fauna silvestre, daños al espacio natural protegido y riesgos, aunque se admite que puede resultar "difícil" la localización de los autores y su imputación, "dada la dificultad intrínseca de obtención inmediata de mínimas pruebas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para detección del vertido".
