CASTELLÓN, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Oropesa (Castellón), Rafael Albert, declaró hoy como imputado ante el juez por un presunto delito de prevaricación al aprobar supuestamente la venta de los excedentes urbanísticos del patrinomio público del suelo del Ayuntamiento procedente del Plan Parcial R6C a una empresa urbanizadora sin subasta y al precio de 6 euros el metro cuadrado cuando el precio medio por metro cuadrado en el mercado rondaba los 200 euros, según indica el grupo ecologista Gecen en la denuncia que propició la apertura de investigaciones.
Los ecologistas denunciaron los hechos en el año 2003, aunque el anterior fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Javier Arias, decidió archivar la denuncia, por lo que volvieron a presentarla una vez se creó la Fiscalía de Medio Ambiente, la cual fue elevada al juzgado por el nuevo fiscal jefe para iniciar las investigaciones, informaron fuentes de Gecen.
Según la denuncia, la adjudicación directa se aprobó con los informes en contra de la interventora y la técnico de Administración General del Ayuntamiento que informaron de la ilegalidad de esta actuación, "es decir, los técnicos que están para informar sobre la actuación del Ayuntamiento dijeron que lo que hacían era ilegal, y los concejales cuando votaron sabían la ilegalidad de lo que estaban aprobando y lo aceptaron".
Además del alcalde de Oropesa, declararon hoy en calidad de imputados el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, dos ex ediles del PP, Jorge Garrido y Juan M. Miralles, y el arquitecto municipal, Carlos Garrido. Tras prestar declaración durante unos 45 minutos, el alcalde de Oropesa declinó realizar declaraciones a los medios de comunicación.
Gecen solicitó personarse como acusación en el caso hace cuatro meses, aunque todavía no ha recibido respuesta al respecto, según explicó el representante de la asociación ecologista, Francisco González.
