OSUNA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)
El alcalde del municipio sevillano de Osuna, Marcos Quijada (IU), manifestó hoy que "seguramente" las siete familias que continúan ocupando de forma ilegal desde hace diez días las viviendas de protección oficial del barrio de la Farfana de Osuna, las abandonen en las próximas horas y de manera voluntaria, cumpliendo de este modo la orden judicial que así lo ordena.
En declaraciones a Europa Press, el primer edil ursaonense señaló que, tras mantener conversaciones con las familias que continúan en las viviendas de VPO, comprobó que éstas "no tienen una actitud beligerante" e indicó a su vez, que la situación permanece "tranquila" sin ningún tipo de altercado violento.
Quijada explicó que estos desalojos voluntarios son fruto de las reuniones que ha mantenido con los representantes de los ocupas, a quienes planteó que "el listado es provisional y el plazo de reclamaciones está abierto para quien considere que se han vulnerado sus derechos".
Asimismo, recordó que la Mesa Municipal de la Vivienda "está obligada a resolver todas las reclamaciones que se presenten" y confió en que el conflicto se solucione sin que se haga necesario un desalojo violento.
En esta línea, el primer edil ursaonense destacó la "importante apuesta" del gobierno municipal en política de vivienda y señaló que "se le ha solicitado a la Junta terrenos para la construcción de 42 VPO en régimen de alquiler, que estarán lista en un breve plazo de tiempo, además de otra promoción de 85 viviendas en régimen especial".
Del mismo modo, explicó que el Ayuntamiento de Osuna ha solicitado la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, con la Junta de Andalucía "para que se asignen a Osuna viviendas del programa de integración social".
Por otra parte, Policía Local y Guardia Civil mantienen un operativo conjunto en las inmediaciones de las viviendas para evitar altercados, aunque aseguraron a Europa Press que la situación está "tranquila".
Anteriormente ya se habían producido un par de desalojos voluntarios más, pero se incorporaron otros tantos ocupas. Una vez que se cumpla el plazo establecido judicialmente para abandonar las viviendas de forma voluntaria, el juez decidirá de nuevo si se actúa directamente o se les envía una última notificación.
En anteriores ocasiones Quijada advirtió de que "se encuentran ante una orden judicial y todo el mundo tiene que ser consciente de lo que supone" y manifestó su deseo de que "se imponga la sensatez y la cordura" entre los ocupas, además de reafirmar que "la administración no puede permitir las ocupaciones violentas y así lo ha entendido el juez".
"La solución no pasa por darle una patada a la puerta", añadió el primer edil ursaonense, que denunció el martes día 10 ante el juez la ocupación ilegal de 17 viviendas de protección oficial de una promoción de 40 pisos sociales, cuya lista de adjudicación provisional se hizo pública el día anterior.
Con respecto a los ocupantes de las viviendas, el alcalde aclaró que "no todos son solicitantes a los que no se ha adjudicado una vivienda" y explicó que argumentan que "la adjudicación es injusta y que a ellos les hace más falta una vivienda", aunque aseguró que el Ayuntamiento "lleva un año analizando la situación económica, social y familiar de los solicitantes".