SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Santiago de Compostela, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, exigió hoy a la Xunta que "no se eche atrás" e incluya en la Lei de Drogodependencias "restricciones" en la venta y consumo de alcohol para los menores de edad.
En rueda de prensa, el edil compostelano recordó que en 2003 un proyecto similar que incluía limitaciones para el consumo de bebidas alcohólicas había superado la ponencias pero que "quien sabe por qué motivos (la ley) se guardó en un cajón", ironizó.
Por ello, Sánchez Bugallo instó a la Administración autonómica a que "no haga lo mismo" y concluya una normativa para la que el Ayuntamiento defenderá su posición en el grupo de trabajo que se acordó ayer con los los ayuntamientos de las siete grandes ciudades de Galicia.
Concretamente, se constituirá un grupo de trabajo permanente para colaborar con la Consellería de Sanidade en la elaboración de la ley integral de prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencias y otras conductas adictivas, que se hará pública en unos meses.
PUNTOS BÁSICOS.
Al respecto, Sánchez Bugallo concretó que el ayuntamiento nombrará a un técnico que representará los "tres puntos básicos" que defiende el municipio. Entre ellos, se encuentra la "prohibición de la venta de alcohol a menores de 18 años" --sea cual sea la graduación y debido a que en la actualidad esta limitación se reduce a los menores de 16 años--.
Además, el ayuntamiento defenderá la restricción de la venta de alcohol en botella o a granel entre las 22.00 y las 8.00 horas, y en toda Galicia --para "evitar" que los potenciales consumidores se desplacen fuera de las ciudades a comprar las bebidas--.
Por último, el técnico municipal defenderá la restricción de la venta y consumo de alcohol en vías públicas, excepto terrazas o fiestas, que tengan la autorización pertinente (este punto afectaría al llamado botellón).
En todo caso, si este último punto no se incluyese en la normativa autonómica, Sánchez Bugallo no descarta formalizar una ordenanza municipal al respecto, aunque reconoció que esto supondría "inconvenientes" al no estar amparado por una ley, y en el caso de que se produjese un juicio. "Perdimos docenas de juicios porque las ordenanzas que el letrado consideró no vinculantes", concluyó.
