MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Madrid no recurrirá el sobreseimiento provisional del 'caso de espionaje', si bien no descarta adherirse a alguno de los recursos que presenten las partes para impugnar la decisión acordada por la juez Carmen Valcarce, que no halló pruebas del delito de malversación de fondos públicos.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid y portavoz de la Fiscalía de Madrid, Eduardo Esteban, ha explicado a Europa Press que, una vez que se les dé traslado de los recursos presentados, analizarán su contenido y decidirán si se suman en parte o en su totalidad a los mismos.
"El caso es susceptible de que se investigue más. Creo que hay algo más que investigar. Con lo que hay ahora no hay pruebas de delito, pero se puede investigar más", ha apuntado el portavoz de la Fiscalía, quien ha recordado que el sobreseimiento se acordó de oficio por parte de la instructora.
Por ahora, el auto de archivo del caso ha sido recurrido por los servicios jurídicos del PSM al entender que la magistrada ha obviado pruebas que acreditan la malversación de fondos públicos de la Comunidad de Madrid. Los socialistas creen que se dan "todos los elementos del tipo de la malversación de caudales públicos".
En el recurso, los socialistas fundamentan su queja en que han presentado hasta diez pruebas, entre ellas, una relación de vehículos oficiales y móviles, y la declaración de diferentes testigos, y éstas "han sido reiteradamente obviadas" durante todo el procedimiento.
"Ni siquiera ha habido resoluciones de inadmisión de las mismas sino más bien las solicitudes de práctica han resultado 'aparcadas' esperando, creíamos, el mejor momento en el devenir del procedimiento para acordarlas sin que ni siquiera se diera traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la validez de las mismas", señalan en el texto.
VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA
Asimismo, apuntan que a pesar de la "obstrucción y vulneración del derecho fundamental a la defensa" en que, a su juicio, incurre el auto de la jueza con el que se archiva el caso del espionaje, se dan "todos los elementos del tipo de la malversación de caudales públicos".
Entre otras cosas, se pidió que citaran a Yolanda Laviana, ex mujer de Sergio Gamón, o a Marcos Peña, asesor de seguridad de la Consejería de Interior, y primera persona que, directamente contó a un medio de comunicación la existencia de un grupo de "asesores" que venían realizando "trabajos" que "desde luego nada tenían que ver con el interés público, y fuera de las competencias de la Comunidad de Madrid".
