AMP.- Gobierno vasco recurre al TC los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y 2013 por "vulnerar competencias"

VITORIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, anuncia la decisión del Ejecutivo autonómico de recurrir ante Tribunal Constitucional (TC) los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes a los años 2012 y 2013, para reivindicar "poderes y competencias" reconocidos en el Estatuto de Gernika y que, a su juicio, se "vulneran" con estas normas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, acompañado del consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha dado a conocer esta decisión, que tiene motivos "exclusivamente competenciales".

En concreto, Erkoreka ha señalado que las competencias que el Gobierno quiere defender están relacionadas con la función pública, la organización de los poderes e instituciones de Euskadi, la ejecución de la legislación laboral del Estado y competencias autonómicas en el ámbito de los servicios sociales. "Cuatro competencias que se vulneran", ha denunciado.

En este sentido, ha precisado que los recursos no "atacan" a las opciones económicas de las Cuentas o a la distribución de partidas, sino que la reivindicación es por motivos "competenciales".

Erkoreka ha indicado que se van a presentar los dos recursos de manera simultánea, ya que, en el caso de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, el plazo para presentar el recurso concluía a finales de marzo.

En relación al recurso por la Ley de 2012, el plazo para recurrir también finalizaba a finales de este mes, ya que se amplió el mismo tras constituirse entre ambos Gobiernos una comisión mixta de Cooperación para una salida "negociada" a las "diferencias", que, finalmente, no se han solventado.

En el caso de la Ley de Presupuestos de 2013, no se van a acoger a la posibilidad de ir a la comisión mixta de Cooperación porque cree que si las negociaciones no han "fructificado" en el caso de la norma de 2012, no cabe esperar que se vaya a dar un acuerdo respecto a la de este año porque los "reproches son los mismos".

VULNERACIÓN DE COMPETENCIAS

En concreto, el Gobierno vasco impugnará la legislación estatal por considerar que la prohibición por parte del Gobierno central a la Administraciones públicas el pago de retribuciones diferidas a sus empleados públicos mediante aportaciones a sus EPSV supone "una intromisión que vulnera la capacidad de fijar su propia política retributiva".

También ve una "intromisión" que "vulnera la capacidad de auto-organización" el hecho de que el Ejecutivo central señale a las Administraciones públicas los sectores concretos en los que es posible la incorporación de efectivos para reponer las plantillas de personal.

Asimismo, rechaza que el Gobierno central realice reservas de crédito para el Servicio Público de Empleo Estatal, como, por ejemplo, para el Programa de los 400 euros de ayudas a parados que han agotado el desempleo. Para el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, este programa lo debería gestionar Lanbide --Servicio vasco de Empleo--, pero cree que el Estado "retiene esos fondos e impide la actuación".

Otro de los aspectos que recurre es el hecho de que el Gobierno central vuelva a suspender en 2013 la financiación al sistema de dependencia. El Gobierno vasco cree que el Estado "debe dejar de intervenir en la dependencia para que lo hagan las instituciones vascas competentes".

BECAS ERASMUS

Por otro lado, el Gobierno ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, que excluye a los centros de FP de las ayudas para ofertar a sus alumnos las becas 'Erasmus'.

Según ha explicado, la Resolución de 26 de noviembre de 2012 deja a los centros de Formación Profesional fuera de las ayudas para ofrecer becas 'Erasmus' a los alumnos el curso 2012-2013 aludiendo razones de recorte presupuestario.

El Gobierno vasco considera que estos centros han quedado "discriminados" respecto a los demás y cree que se ha hecho "sin justificación ni motivación jurídica alguna".