(Ampl) Andratx.- Hidalgo y Gibert se acogen a su derecho de no declarar ante el juez que instruye la operación 'Voramar'

Ambos imputados permanecerán en prisión hasta que finalice el plazo decretado por la Audiencia Provincial

Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 7 marzo 2007 14:53

PALMA DE MALLORCA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y el ex celador de obras del municipio, Jaume Gibert, se acogieron hoy a su derecho a no declarar por su implicación en la operación 'Voramar' durante su comparecencia ante el juez que sigue la causa y magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Álvaro Latorre, ya que ambos imputados consideraron que la permanencia bajo secreto sumarial de varios expedientes, así como el desconocimiento de su contenido por parte de ellos mismos y de su defensa, les coloca en una situación de indefensión.

Así lo informó hoy el letrado Rafael Perera, abogado encargado de la defensa del ex primer edil, en los pasillos de los Juzgados de la Via Alemania de Palma, donde Hidalgo y Gibert permanecieron desde las 11:00 horas hasta una hora después, cuando agentes de la policía los trasladaron de nuevo a la Prisión Provincial de Palma, donde permanecen desde el pasado uno de febrero.

La comparecencia de ambos imputados no se prolongó más de cinco minutos ante la negativa de ambos a prestar declaración, algo que, según Perera, cambiará cuando se levante el secreto bajo el que permanecen algunos expedientes desde hace un tiempo "que puede parecer excesivo". En declaraciones a Europa Press, el letrado Juan Luis Matas, encargado de la defensa de Gibert, confirmó que su defendido se acogió a su derecho a declarar por las mismas razones que Hidalgo.

Perera manifestó que la actuación de Hidalgo responde a la estrategia "que corresponde mantener en este momento" y explicó que no hay un plazo de tiempo concreto tras el cual se tenga que levantar el secreto que pesa bajo algunos expedientes, que se irán haciendo públicos "de manera escalonada" y a medida que se vayan realizando las diligencias.

EN PRISIÓN HASTA FINALES DE MARZO

Por otra parte, Perera informó que tras la comparecencia de su cliente solicitó al juez la retirada de la medida de prisión provisional que pesa sobre el ex alcalde, algo que fue denegado, ya que Latorre comunicó al letrado que mantendrá la medida hasta que finalice el periodo de dos meses decretado por la Audiencia Provincial de Palma y que vence el próximo 31 de marzo.

Según Perera, una vez llegado el plazo se acordará la libertad provisional del ex primer edil, salvo que la Fiscalía presente y justifique que hay razones de obstrucción a la justicia o de destrucción de pruebas que hagan necesaria una prórroga de la medida de prisión, que tendría que ser valorada por el magistrado. "Antes de dos meses el fiscal puede solicitar la libertad provisional si se han realizado las diligencias oportunas" apuntó Perera.

"Estamos ante una situación poco frecuente, pero hay que respetar todas las decisiones judiciales" indicó Perera, quien aseguró que el derecho a no declarar no perjudica a su cliente, al ser una garantía constitucional, estar justificada "y no ser un capricho". Por su parte, el letrado de Gibert indicó que solicitó al juez de manera oral la retirada de la medida de prisión para su cliente, que de momento también permanecerá en prisión hasta el 31 de marzo.

En este sentido, el letrado del ex alcalde aseguró que "es poco probable" que Hidalgo vuelva a comparecer ante Latorre para prestar declaración antes del 31 de marzo, ya que es algo que de momento no está previsto.

El ex primer edil de Andratx y el ex celador de Obras permanecen en la Prisión Provincial de Palma desde el pasado 1 de febrero, después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma resolviera el 31 de enero estimar el recurso de apelación interpuesto por el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, contra el auto judicial del pasado 13 de diciembre, mediante el cual, el magistrado Latorre dejó a ambos imputados en libertad provisional bajo fianza de 100.000 y 60.000 euros, respectivamente, al considerar que no existía riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

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