El ex conseller reconoce que los estudios eran copias, pero asegura que eran "de calidad"
BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ex conseller de Trabajo Ignasi Farreras (UDC) aseguró hoy que el responsable de encargar los informes y comprobar la autenticidad de los ocho estudios fraudulentos por los que se le juzga en el denominado 'caso Treball' era el ex alto cargo de la Conselleria de Trabajo Juan Martín Toribio (UDC), que ya falleció, y que también fue imputado por desvío de fondos en el 'caso Pallerols'.
Sin embargo, "cualquiera de los componentes del comité de dirección podía proponer un informe", reconoció Farreras durante el primer día de juicio por el presunto desvío de fondos públicos de la Conselleria de Trabajo mediante la adjudicación de estudios falsos.
El ex conseller aseguró que "no se advirtió ninguna deficiencia", en referencia a la legislación derogada recogida en los estudios, dada la "vorágine" de reformas legislativas de esa época, a principios y mediados de los años 90, "en plena crisis económica". "Hubiéramos tenido que esperar hasta finales de 1995 para saber qué ocurría con la legislación laboral española", agregó.
Si bien dijo que entonces no tenían "el más mínimo indicio" de que los informes eran meras copias, el ex conseller aseguró que "por ética" nunca se hubiera confabulado con nadie para desviar fondos mediante estudios falsos. "¿Tan poco inteligentes se nos supone al señor Servitje (también procesado) y a mí como para no hacer desaparecer los informes sabiendo que son falsos?", se preguntó.
También dijo que, antes de que el caso saliera a la luz, no conocía al también acusado Víctor Manuel Lorenzo Acuña, militante de UDC y propietario de las empresas adjudicatarias, Gestumer y Socesca, sino que se les encargaron los informes sobre derecho laboral porque Gestumer "tenía antecedentes de haber trabajado" para el Departamento y, pese a que los dos informes anteriores "estaban falsificados, eran de calidad", explicó.
Confiaban, dijo, en la fiabilidad de los estudios, "en su contenido y en la fe en la persona que lo había encargado", que normalmente era quien los recibía y solía ser Martín Toribio, por lo que "hay que suponer que él los recibió y que comprobó su contenido", señaló. Farreras añadió que "la contratación directa era completamente normal", en contra de lo que sostiene la Fiscalía.
El Ministerio Público pide cinco años y medio de cárcel y una multa de 103.500 euros por prevaricación, falsedad y malversación para Farreras y la misma pena para el ex secretario general de Trabajo Josep Maria Servitje (UDC), mientras que solicita tres años y medio de prisión para Acuña. También pide que indemnicen conjuntamente a Trabajo con 46.157,73 euros, la misma cantidad que supuestamente desviaron mediante el encargo de ocho estudios.
Con su presencia, quisieron mostrar su apoyo a Farreras varios miembros del comité de gobierno de UDC, entre ellos el secretario general, Josep Maria Pelegrí, la portavoz, Joana Ortega, Ramon Espadaler, Marta Llorens y Manuel Silva.
