Acusan a Gallardón de conocer la trama desde noviembre de 2005 a través de una carta que le envió un particular extorsionado
MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Socialista solicitará la realización de una auditoría interna en el Ayuntamiento de Madrid durante la celebración del pleno extraordinario monográfico sobre el caso 'Guateque', cuya petición de convocatoria se presentó hoy en el Registro Municipal.
El objetivo es descubrir "qué conductos, tanto en la Concejalía de Medio Ambiente como en la de Urbanismo, han fallado", explicó el portavoz municipal, David Lucas, en una rueda de prensa en el edificio de grupos de la Calle Mayor.
"La solución en este caso de corrupción no es externalizar el servicio de concesiones de licencias sino verificar qué ha fallado en el Ayuntamiento y subsanarlo", continuó el edil, acusando al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, de estar "huyendo hacia delante". "En lugar de limpiar el Ayuntamiento de cualquier sombra de corrupción, echa balones fuera y anuncia una externalización que no es necesaria, ni eficaz ni solucionaría el problema", argumentó Lucas.
De hecho, el Grupo Municipal Socialista acusa al regidor de conocer la trama de extorsión desde noviembre de 2005, cuando "recibió dos cartas de un particular que le explicaba la situación que tuvo que afrontar cuando pidió la licencia para su bar".
Ante estas dudas, Lucas pidió al alcalde que "diga por qué miró hacia otro lado cuando los chantajes eran vox pópuli, por qué no hizo caso de estas acusaciones y por qué no ha dicho nada aún, por qué no ha pedido perdón a los madrileños como debería haber hecho". "Exigiremos respuestas, que Gallardón hable y que se asuman hasta las últimas responsabilidades políticas tanto por parte de los concejales como del mismo alcalde.
"Si en vez de estar tan ocupado en la sucesión del líder del PP, Mariano Rajoy, Gallardón se hubiera ocupado más de controlar los servicios municipales ahora no tendríamos que estar pasando esta vergüenza -reprochó Lucas-, lo cual refleja que a Gallardón le preocupan muchas cosas pero no los madrileños".
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
El orden del día del Pleno monográfico extraordinario, que debería celebrarse en un plazo máximo de 15 días, incluye dos puntos a debatir. En primer lugar, los socialistas piden la comparecencia de la delegada de Urbanismo y Vivienda, Paz Martínez, y la de la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, responsables de los dos departamentos implicados en la trama.
Además, se solicita la constitución de una comisión de investigación que revise, desde el día siguiente a la celebración del Pleno extraordinario, todos los expedientes de ambas áreas de Gobierno desde 2003 hasta hoy "para aclarar la relación existente entre el funcionamiento administrativo de las mismas y de las juntas de distrito implicadas (San Blas, Centro y Chamberí) y de cualquier otra que pudiera tener relación".
"Si se ha elegido la fecha de 2003 como marco temporal para solicitar documentación es porque nuestra información indica que la trama podría haber empezado a funcionar ese año, aunque si descubrimos otros indicios que apuntan a un periodo anterior también pediremos los expedientes correspondientes", aseguró Lucas.
Asimismo, los socialistas abrirán, desde hoy mismo, un buzón en su página web (www.psoemadrid.org) para que "todos los vecinos que han sufrido extorsión o cualquier otro tipo de corrupción al abrir un negocio y que no lo han denunciado, o han recibido la callada por respuesta ante su queja, puedan transmitir su caso al Grupo Municipal Socialista, que los investigará uno a uno".
Por último, el PSOE envió también hoy una carta a Gallardón "exigiéndole que vuelva a abrir inmediatamente los despachos que los técnicos socialistas tenían en la Gerencia de Urbanismo antes de que fueran expulsados el pasado 18 de junio, en la que fue la primera decisión tomada por el alcalde tras su toma de posesión". "Esa medida hurtó a la oposición su derecho y deber de ejercer labores de control", apostilló el edil.
Por último, Lucas criticó que Gallardón "siga culpando a los funcionarios y pidiéndoles responsabilidades a ellos, cuando la mayoría de los 25.000 trabajadores municipales ha ejercido con profesionalidad su trabajo durante años".
"El alcalde miente al escudarse en los funcionarios, porque esconde que la última firma al conceder una licencia es la del gerente o la del concejal de distrito, y ambos son cargos políticos del Ayuntamiento, así que no puede seguir escudándose en los funcionarios para eludir su responsabilidad", finalizó Lucas, opinando que "Gallardón no ha aceptado ninguna de sus propuestas, es sólo una cortina de humo, porque no quiere empezar a investigar y a depurar responsabilidades hasta que se levante el secreto de sumario del caso, pero no se debería esperar".
