(Ampl.) Juez acuerda la paralización "total e inmediata" de las obras del Parque Nevada de Armilla

Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 27 abril 2007 16:19

GRANADA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha acordado la paralización "total e inmediata" de las obras que actualmente se realizan en el Parque Comercial Nevada de Armilla (Granada), que promueve 'General de Galerías Comerciales'.

Según el auto, al que tuvo acceso hoy Europa Press, la medida cautelar adoptada obedece a que se ha producido "una vulneración casi continua de las normas", puesto que fueron autorizadas sólo las que garantizaran la seguridad, a petición del promotor Tomás Olivo, imputado en la operación 'Malaya'.

El juez, previo al informe del Ministerio Fiscal, acuerda así paralizar las obras, que han producido un "daño social", para evitar que siga la construcción y la futura puesta en marcha de la actividad comercial, que sería una "burla" al sistema de garantías legales en su conjunto, así como se ve en el "patético" intento de "legalizarlo a posteriori" cometiendo toda clase de actos de licitud "más que dudosa".

Las obras, además, han producido un "daño social", según el juez, por la "perturbación urbanística" que supone construir contra el planeamiento vigente que acarrea, entre otras cuestiones, la distorsión del modelo urbano previsto, aumento de la densidad de edificación, así como la paralela disminución de los espacios y equipamientos comunes.

El "daño social" puede suponer también una "hipoteca irreversible" para la mejora del espacio urbano futuro, lo que junto a las consecuencias anteriores señaladas, se debe evitar, a juicio del instructor.

Por la tramitación supuestamente irregular del Parque Comercial, cuyas obras se paralizan ahora por segunda vez, están imputados el actual alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, ambos del PSOE, por la posible comisión de un delito de prevaricación e infidelidad en la custodia de documento público. También el promotor, Tomás Olivo, por un delito contra la ordenación del territorio.

Las obras tienen una "considerable entidad e impacto", según consta en el auto judicial, y desde el comienzo han sido "clamorosos" los indicios de los delitos referidos, ya que "no han funcionado en lo más mínimo, ni han existido, los controles directos ante una obra realizada a vista, ciencia y paciencia".

Tan sólo, continúa la resolución, se han iniciado "tímidas acciones legales" que se han iniciado cuando el Ministerio Fiscal investigaba. "La trama era esperar que el PGOU de Armilla encajara el edificio en los suelos tal como está construido. También iba a encajar el tema de alturas y demás irregularidades, es decir, se hacía un traje a medida". Sin embargo, la Administración no aprobó lo referente a los planes parciales B y C y al "edificio singular".

"LEVIATÁN DE HIERRO Y CEMENTO"

De este modo, lo que llega a la Administración de Justicia, dice el juez, es un "Leviatán de hierro y cemento en plena Vega" con el que se intenta "presionar" por la "creación de puestos de trabajo, de riqueza y consideración del dinero invertido", ya que los indiciarios infractores penales "saben de una ventaja: la realidad material de los construido y la dificultad de su demolición" que convierten tanto la sanción como la condena en "ineficaces".

Por eso "se finaliza a marchas forzadas su construcción y puesta en funcionamiento, aunque no se sabe cómo, vista su patente ilegalidad e incluso clandestinidad". Según el juez, no tienen "ninguna justificación ni explicación" los hechos sucedidos que constituyen un "auténtico fraude" al principio de legalidad.

En concreto, se refirió al "fraude" y "conducta posiblemente delictiva cometida", de una parte, por miembros de una administración municipal, a la que precisamente se le confía, legal y por voto de sus ciudadanos, la tutela y vigilancia de la materia urbanística y, de otra parte, por un promotor junto a sus asesores y técnicos.

El reconocimiento constitucional a la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado "no legitima a un promotor o a un empresario a llegar a la situación actual", estima el juez, que con la paralización pretende "evitar lo inevitable".

La construcción del Parque Comercial más grande de Andalucía ha acarreado, entre otras consecuencias, que el actual regidor, Morales Cara, no opte a la reelección en el municipio, aunque continúa al frente del Ayuntamiento pese a la imputación, y la salida de la corporación del que fuera edil de Urbanismo Gabriel Cañavate que abandonó también la vicepresidencia que ocupaba en la Diputación provincial.

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