Apuesta por la modernización tecnológica para evitar "acontecimientos recientes" aunque cree que la Fiscalía "ha hecho los deberes"
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El candidato a la reelección como fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se comprometió hoy en el Congreso de los Diputados a "perseguir a los terroristas, a quienes los amparan y a quienes facilitan o aplauden su acción", y garantizó que esta actuación se desarrollará con "un respeto escrupuloso a las reglas básicas del Estado de Derecho".
Conde-Pumpido, que compareció ante la Comisión de Justicia en cumplimiento de uno de los tres requisitos que establece el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para su nombramiento, señaló que en la lucha antiterrorista el Ministerio Público "continuará, con más esfuerzo si cabe, en la misma dirección que ha seguido hasta ahora".
En este sentido, reclamó "la debida unidad política" de las fuerzas democráticas para "permitir que el trabajo del fiscal no sólo siga siendo eficaz, como lo ha sido en todo momento, sino que además sea debidamente percibido por los ciudadanos como un factor fundamental de confianza en el sistema democrático". De igual modo, destacó que la Ley Orgánica de Partidos Políticos "no establece ni debe establecer ningún Guantánamo electoral".
En relación con la lucha contra el terrorismo internacional, se felicitó por el resultado del juicio del 11-M, que finalizó con "una sentencia condenatoria jurídicamente bien fundamentada", según indicó, y avanzó que en el futuro el objetivo de la Fiscalía será "acusar y juzgar a los terroristas antes de que lleguen a matar".
MODERNIZACIÓN PARA EVITAR ERRORES
Durante su intervención, Conde-Pumpido también apostó por la modernización tecnológica del sistema judicial para que, de esta forma, aunque no se pueda "eliminar el error humano", se contribuyan a "evitar" o "paliar las consecuencias" de "desgraciados acontecimientos recientes", en referencia a los crímenes de Mari Luz Cortés o de Alovera, que no llegó a citar expresamente.
Tras demandar "esfuerzo presupuestario y, sobre todo, voluntad política", para acometer estas mejoras, destacó que en la pasada legislatura su departamento puso las "bases" para mejorar la conexión entre los juzgados y las fiscalías. De esta manera, según indicó, se facilitará el manejo de "información de gran valor" en la persecución de delitos de "especial peligrosidad o riesgo", así como el control de sus autores.
En su turno de réplica a los portavoces parlamentarios, defendió las tareas de modernización llevadas a cabo por su departamento y señaló que la Justicia es "un vehículo con cuatro ruedas" (el Ministerio, las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía) y que la que le corresponde dirigir está "perfectamente hinchada".
En los pasillos de la Cámara, coincidió con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en que los modos de trabajo pueden estar "anticuados", pero advirtió de que en la actualidad se están "mejorando". "Hemos hecho un esfuerzo importante por la modernización y creo que la Fiscalía está lista para poder ponerse a la altura del resto de las instituciones, nosotros hemos hecho los deberes", aseguró.
AMPLIAR LA LABOR INVESTIGADORA
Conde-Pumpido también aprovechó su comparecencia en la Cámara para defender la "inaplazable" reforma del proceso penal e insistir en su intención de hacer "efectivas" las dos instrucciones que redactó en marzo pasado para que los fiscales puedan ordenar diligencias incluso cuando un proceso judicial ya esté siendo investigado por un juez. "En el terreno de la preparación del juicio oral, haré efectivas las dos recientes instrucciones dirigidas a potenciar la acción investigadora del fiscal", señaló.
Otras de las prioridades que el Ministerio Público tendrá que afrontar en los próximos cuatro años serán, según Conde-Pumpido, la implantación de fiscalías de área, el impulso de la estructura territorial, el establecimiento de un sistema formativo "útil de verdad" y la aproximación a las víctimas del delito.
Sobre la protección de las personas que sufren delitos contra la libertad sexual, avanzó que "pronto se conocerán" los resultados de las conclusiones de la comisión de estudio que ordenó constituir para "estudiar los fallos del sistema y analizar medidas de control y tratamiento de los autores".
CRÍTICAS DEL PP, AVAL DE PNV Y CiU
En relación con su nombramiento, que contó con el aval del PSOE, el PNV y CiU, agradeció el apoyo de estos grupos a la designación del Gobierno y señaló que el nuevo mecanismo de elección, que exige el pronunciamiento del CGPJ y del Congreso, contribuye a "apuntalar la fortaleza institucional del fiscal sobre los pilares de la transparencia y el control democrático". "De no haber obtenido ese respaldo, volvería a mi puesto en el Tribunal Supremo", dijo.
El portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, acusó a Conde-Pumpido de no dedicarse a la modernización del sistema judicial y centrar sus esfuerzos en "hacer cosas muy raras" en relación con el proceso de diálogo con ETA y llevar al Parlamento "leyes que están desmembrando a la Fiscalía".
Astarloa, que tildó el nuevo sistema de designación de "paripé histórico", consideró que la persona elegida para volver a ocupar la Fiscalía General del Estado es "seguramente la menos idónea" porque durante la última legislatura, en la que su grupo le solicitó la dimisión "docenas de veces", se dedicó a "burlar" la Ley de Partidos, convirtiéndola en "un chicle" y aplicando "una lectura y su contraria".
En la misma línea, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, acusó a Conde-Pumpido de haber sido "un fiscal general al servicio de los intereses del Gobierno, capaz de interpretar la ley para mandar a la cárcel a los terroristas o para mandarles a un balneario". "Usted nos ha dado a los demócratas perseguidos por ETA alguno de los días más tristes de nuestra democracia", le espetó.
Por su parte, Jordi Jané (CiU) y Emilio Olabarría (PNV) justificaron el apoyo de sus grupos a la designación argumentando que el candidato reúne "los requisitos de mérito e idoneidad necesarios" para acceder al cargo, y se felicitaron por su comparecencia en el Congreso, que el primero de ellos llegó a calificar de "histórica". De igual modo, reclamaron medidas urgentes para "dar salida al colapso" de la Justicia.
La designación de Conde-Pumpido, elegido por el Gobierno y refrendado en abril por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), queda pendiente únicamente de su promesa o juramento ante el Rey. Posteriormente, tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.
