Anticorrupción se querella contra Julián Muñoz y Del Nido por prevaricación, fraude y malversación en Marbella

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella ante los Juzgados de Marbella (Málaga) contra el ex alcalde marbellí Julián Muñoz y su abogado José María del Nido Benavente, quien también preside el Sevilla Fútbol Club, por su participación en la presunta comisión de los delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos cometidos en el Ayuntamiento de esta localidad malagueña, informó hoy Anticorrupción.

Asimismo, la Fiscalía ha presentado una segunda querella criminal ante los mismos Juzgados, en la que acusa también a Muñoz, al ex asesor de urbanismo de dicho Consistorio Juan Antonio Roca y al tasador José Mora de la presunta comisión de los delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude cometidos igualmente en el Consistorio marbellí.

La primera querella afirma que existen "abundantes y evidentes" indicios de que la contratación como letrado de Del Nido respondió a "una maniobra" de Muñoz, actualmente en prisión por su supuesta vinculación en la operación 'Malaya', para "permitir que éste se enriqueciese a consta del erario municipal, utilizando la cobertura formal de unos encargos de asistencia jurídica al Ayuntamiento y sus sociedades".

Según la querella, los encargos "no se corresponden con el trabajo desempeñado" por el abogado y, en ningún caso, "justifican el enorme desembolso de fondos públicos realizado por el Consistorio o sus sociedades". Así, reseña que "la conducta" de ambos "encaja plenamente en los tipos penales de fraude y malversación de caudales públicos", siendo imputados al ex alcalde de Marbella en concepto de autor y Del Nido como cooperador necesario.

IRREGULARIDADES

La querella dirigida contra Muñoz y su letrado se presenta a raíz de una investigación llevada a cabo por Anticorrupción como consecuencia de la remisión del proyecto de fiscalización del Tribunal de Cuentas, relativo al Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades mercantiles participadas durante los años 2000 y 2001, en el que se analizan los servicios de asistencia jurídica del letrado del Nido prestados al Ayuntamiento.

Entre las conclusiones de este informe destaca que los encargos del Consistorio a Del Nido se hicieron "sin tramitar ningún expediente previo de contratación", lo que vulnera, según apunta, lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Además, el informe recoge que un interventor advirtió a Muñoz de esta premisa, aunque éste hizo caso omiso al mismo.

Según el informe, la conducta de omitir los requisitos de la actuación administrativa constituye un delito de prevaricación administrativa. Añade que "esta consideración es plenamente aplicable" a todos aquellos casos en el que el Ayuntamiento contrató directamente con Del Nido, lo que supuso una facturación de más de 1,5 millones de euros durante los años 2000 y 2001", y en los casos en que la contratación se llevó a cabo mediante sociedades municipales, en las que el letrado facturó en este mismo periodo más de 1,6 millones de euros.

Agrega que "estas cifras resultan todavía más alarmantes" si se considera que por objeto de la fiscalización, el Tribunal de Cuentas sólo ha podido entrar a analizar la facturación del letrado durante el tiempo mencionado, mientras que la facturación global del letrado al Ayuntamiento marbellí y sus sociedades durante 1999 y 2003 supera los 6 millones de euros.

CONTRA MUÑOZ, ROCA Y MORA

La segunda querella sitúa a Muñoz y Roca, este último también se encuentra en prisión tras ser detenido en la primera fase de la operación contra la corrupción en Marbella, como "los artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles propiedad del Consistorio Marbellí a unos precios muy inferiores a los del mercado", aunque precisa que "hasta el momento no se ha podido averiguar qué clase de contraprestación han podido obtener a cambio".

En todo caso, destaca que esta conducta se enmarca en "una modalidad de liquidación de haberes públicos" dentro de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos. Ambos tipos penales se imputan a Muñoz en concepto de autor, mientras que a Roca como cooperador necesario. Por su parte, el tasador Mota habría participado también en su comisión, al menos como cómplice.

Anticorrupción basa su acusación en el mismo informe del Tribunal de Cuentas, en esta ocasión en lo relativo al apartado en el que se analizan los convenios con particulares y enajenaciones de bienes inmuebles. Según sus conclusiones, los convenios investigados contemplan todo tipo de operaciones como la permuta o la dación en pago. Señala que "los más frecuentes son aquellos en los que se pacta una modificación de los parámetros urbanísticos de determinado terreno".

En la querella, la Fiscalía Especial resalta el protagonismo de Roca en "la elaboración y negociación de los convenios", al referirse a lo afirmado por la inmensa mayoría de las declaraciones prestadas hasta la fecha, que incluyen tanto a personas que trabajaban en el Ayuntamiento marbellí y en sus sociedades como a particulares y representantes de las sociedades que firmaron los convenios.

Respecto a Muñoz, Anticorrupción asegura que "no se puede admitir sin más la tesis" de éste de que firmaba los convenios que se elaboraban en una de las sociedades del Ayuntamiento --Planeamiento 2000, S.L.-- sin conocer su contenido. Añade que "la responsabilidad derivada de su cargo le exigía conocer los perjuicios económicos que se estaban causando al Ayuntamiento de Marbella mediante la Firma de estos convenios.

FIRMADOS POR MUÑOZ

El informe del Tribunal de Cuentas, que hace suyo la Fiscalía, señala que "el único órgano competente para la aprobación de las modificaciones del Plan General es el Pleno". Sin embargo, afirma que todos los convenios fueron firmados por el alcalde y sólo en algunos ocasiones fueron aprobados por la Comisión de Gobierno (menos del 40% de los convenios firmados en 2000 y 2001). Igualmente, recoge que también se concedieron licencias de construcción en los terrenos enajenados sin estar aprobada la revisión del Plan.

También señala que, en ocasiones, los convenios de dación en pago de deudas contemplaron la transmisión de inmuebles de titularidad municipal para pagar la ejecución de obras cuya correcta realización no había sido debidamente acreditada.

En otros casos, prosigue el informe, no se acreditó la necesidad de las permutas como exige la ley o se permutaron inmuebles por obras, lo que supone, según dice, una vulneración de las normas de contratación de las administraciones públicas y la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que sólo lo permite cuando se trata de gestionar una actuación sistemática prevista en el planeamiento urbanístico.

TASADORES EXTERNOS

Por otra lado, dicho informe cuestiona la valoración hecha de los inmuebles enajenados, al afirmar que "el Ayuntamiento prescindió de los funcionarios municipales con competencia para esto", mientras que contrató, a través de la sociedad Planeamiento 2000, S.L., a tasadores externos, concretamente a Segundo pastor y a José Mora, que fueron quienes realizaron todas las tasaciones contenidas en los expedientes de los convenios.

Sobre este punto, destaca que "son abundantes" las irregularidades detectadas en los informes de valoración sobre los expedientes de los convenios. Agrega como ejemplo que "en muchos expedientes los informes de tasación están fechados después de la firma del convenio", lo cual, según añade, refleja "claramente que se han limitado a ratificar el precio convenido con los particulares".