MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 6 años de cárcel -alternativamente de 5 años, en función del Código Penal a aplicar-, y multa de 43,5 millones de euros para el presidente del Grupo Santander y otros ocho directivos del banco por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida relacionados con un plan de incentivos a los directivos de Banesto entre los años 1994 y 1998.
El representante del Ministerio Público presentó esta misma mañana su escrito de conclusiones provisionales ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, que es el que ha investigado los hechos a raíz de una denuncia formulada por Rafael Pérez Escolar, condenado por el 'caso Banesto'.
Según el fiscal, los imputados omitieron declarar ante la Hacienda Pública los rendimientos en especie con que contribuyeron el plan de incentivos a los directivos de Banesto, mediante a los mismos el 21 de octubre de 1994 de 6,1 millones de acciones "por un precio inferior a la real y cuya financiación sufragó el Banco de Santander", así como a la venta de acciones, en noviembre de 1996 y 1997, respectivamente, a dos directivos incorporados "mediante idéntico sistema de financiación".
Las diligencias de instrucción concluyeron que el Santander presuntamente defraudó así a la Hacienda Pública las siguientes cuotas fiscales: 7,74 millones de euros en 1994; 690.000 euros en 1995, 610.000 euros en 1996, 460.000 euros en 1997 y 380.000 euros en 1998. En total, unos 9,88 millones de euros.
El resto de procesados son Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique Gordillo, Juan Secades y González-Camino, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, Juan carlos Rodríguez Cantanero y José María Espí Martínez.
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