BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, consideró hoy que, con concentraciones ante las sedes judiciales cuando declaran imputados, se pretende "influir" en la labor independiente de los jueces.
De esta forma, García se refirió a la concentración celebrada ayer ante el Palacio de Justicia de Bilbao cuando el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska iba a tomar declaración al dirigente del PNV Gorka Agirre, imputado por presunta colaboración con ETA.
En declaraciones a Europa Press, el representante de la APM subrayó que "no dejan de llamar la atención" este tipo de movilizaciones "porque no es habitual ni, desde luego, se pueden producir concentraciones semejantes cuando se recibe declaración por hechos presuntamente delictivos a un ciudadano de a pie".
"Desde ese punto de vista, que desde determinadas instancias se alimenten la conveniencia de este tipo de, entre comillas, apoyos o adhesiones, o de determinadas posturas que explicitan una beligerancia no basada en razones frente a las decisiones de la jueces, no nos parece bueno", manifestó.
Para el magistrado, con ello, "de una manera si se quiere indirecta, se está intentando influir en el ejercicio independiente de la Jurisdicción por parte de los jueces y eso no responde a un entendimiento ajustado y correcto de un sistema como el nuestro que está basado, entre otros principios, en el de independencia del Poder Judicial y en el principio de separación de poderes", aseguró.
"DERECHO A LA CRITICA"
Además, también se refirió a las críticas que ha recibido Fernando Grande-Marlaska por sus actuaciones y, tras señalar que la asociación judicial a la que representa siempre ha reconocido "el derecho a la crítica", dijo que no se debe recurrir a "la descalificación o al insulto".
"Reconocemos y no podría ser de otra forma el derecho a la crítica, al que es evidente que los jueces, en tanto en cuanto actuamos y somos detentadores de un poder público, debemos estar necesariamente expuestos, entre otras razones, porque deben ser los ciudadanos los que juzguen de una manera absolutamente transparente, directa y en primera persona las actuaciones y decisiones que adoptemos quienes ejercemos un poder público", añadió.
No obstante, precisó que "hay una frontera clarísima entre lo que es el ejercicio legítimo y el derecho a la crítica, incluso con cierta beligerancia e intensidad, y otra cosa es ya transcender de ese espacio, desbordar ese umbral e introducirse en lo que sería ya un espacio de descalificación o insulto que a nosotros nos parece un ejercicio grave de irresponsabilidad", añadió.
El magistrado señaló que las descalificaciones "sólo contribuyen a armar discursos deslegitimadores de un poder del Estado que erosionan y menoscaban muchísimo la credibilidad en el sistema del conjunto de los ciudadanos y de la sociedad, en general".
"Desde luego, a nosotros eso no nos parece nada bueno y mucho menos cuando eso viene de instancias políticas a las que se les presume una responsabilidad de grado más intenso de la que resulta exigible a un ciudadano de a pie", agregó, en referencia a las declaraciones realizadas sobre Marlaska por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga.
A su juicio, que Azkarraga "desborde el umbral de la crítica para introducirse en el espacio de la descalificación gratuita y casi diría que del insulto, es un absoluto despropósito". "Da cuenta de lo que es una concepción de mínima calidad de lo que es el sistema democrático y la conceptuación más elemental de lo que es un Estado de Derecho", agregó.
