Cree que la cadena perpetua sería "extraordinariamente gravosa y radical", y supondría "el ultimísimo recurso"
BILBAO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, se congratuló hoy de que el PSOE y el PP estén estudiando medidas a imponer a los presos de ETA "en los que la resocialización ha fracasado estrepitosamente" y no se han arrepentido de sus crímenes.
De esta forma, el magistrado se refirió a la posibilidad analizada por socialistas y populares para que, una vez cumplida la pena, se impongan diez años más de vigilancia.
En declaraciones a Europa Press, García consideró "extraordinariamente positivo" que se analicen iniciativas en este sentido y que PSOE y PP, "los dos partidos que más fuerzas reúnen en el arco parlamentario", intenten "colmar las lagunas que sigue presentando en este tipo de casos el sistema penal".
SE HA FRACASADO CON DE JUANA
"Casos como el de De Juana, en el que todo el mundo tiene claro que el tratamiento penitenciario, desde las perspectivas de reeducación y resocialización, han fracasado estrepitosamente, porque nos encontramos ante una personalidad absolutamente incorregible, que no sólo no se ha arrepentido y no ha demostrado la más mínima capacidad para la compasión y la empatía, sino que, además, se ha enorgullecido y jactado de haber actuado correctamente", añadió.
Según señaló, el ex preso "se siente orgulloso de lo hecho, del dolor causado y de las tragedias a las que ha conducido a montones de personas". "Es un sujeto que, desde luego, muestra unas características y unas condiciones que son muy poco aceptables para la convivencia social en una democracia, por mucho que haya cumplido la pena", indicó.
Por ello, se mostró favorable a que, "en los supuestos en los que nos encontramos con este tipo de personalidades, se incorporen medidas tendentes a asegurar y a prevenir el riesgo una vez puestos en libertad, porque ese comportamiento del que hacen gala puedan seguir causando más dolor, humillando o menospreciando a las víctimas, a quienes han sufrido tanto".
"Nos parece muy positivo y creemos que se ajusta estricta y perfectamente al marco constitucional, y muscula las finalidades, los objetivos de un Derecho Penal moderno, que tiene como fin principal el de la protección de bienes jurídicos valiosos en una sociedad basada en la convivencia, y no se puede permanecer al margen y a espaldas de ese tipo de situaciones", dijo.
CADENA PERPETUA
El magistrado afirmó que la APM está "totalmente en desacuerdo" con establecer la cadena perpétua "porque nadie puede desconocer que la orientación fundamental de la pena en el marco constitucional es el de la reeducación y la reinserción y, por lo tanto, pretender incorporar o instaurar un sistema de cadena perpétua en un régimen constitucional como el nuestro, es una cosa extraordinariamente complicada y que, desde luego, generaría más problemas que traer soluciones".
Además, señaló que ése es "el techo del edificio en la respuesta penal, y el techo del edificio no se puede llegar sin previamente haber explorado la posibilidad de adoptar otras medidas, incluso más útiles, eficaces y más respetuosas con los principios del sistema, que están basados también en la dignidad de las personas, en la humanidad de las penas y que, desde luego, servirían para afrontar con extraordinaria eficacia este tipo de situaciones".
Por ello, rechazó "provocar respuestas que son extraordinariamente invasivas y que afectan, pero al máximo nivel, a los derechos fundamentales y a las libertades públicas y que, por consecuencia, deberían ser un ultimísimo recurso al que no se debería llegar, sin haber descartado por inútiles o ineficaces otras muchas que deben ser adoptadas previamente y con carácter mucho más prioritario y anterior al planteamiento de una cuestión tan radical y extraordinariamente gravosa como es la cadena perpétua".
