Aprobadas las conclusiones del PP, que relegan el caso a la Justicia al no hallar responsabilidades políticas

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación por la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid aprobó hoy, con 67 votos a favor 53 en contra, el dictamen de conclusiones del PP, que determina que no hay responsabilidades políticas que se deriven de los hechos investigados, en contra de la opinión de la oposición que considera a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, como máxima responsable y que reclama el cese del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.

Los populares creen que la "comisión de investigación no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario 'El País' y confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso".

En la línea con las tesis que el Grupo Popular ha defendido a lo largo de las cuatro jornadas de comparecencias que ha celebrado la comisión de investigación, su dictamen se remonta a épocas del Gobierno del socialista Joaquín Leguina para explicar la creación de un equipo de seguridad en la Comunidad y resalta que el grupo "se potenció" con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.

Los populares defienden que todos los comparecientes dependientes de la cartera de Granados "han declarado bajo juramento" que no han ordenado, ni amparado ningún seguimiento, informe o espionaje y en esta línea, destacan que ha quedado acreditado que los supuestos partes de seguimiento, origen de los trabajos de la comisión, "no son ni documentos de la Consejería ni tan siquiera corresponden en muchos casos con las agendas oficiales".

Asimismo, dentro de los presuntos partes, resaltan que "carecen del rigor exigible para merecer la mínima consideración por parte de los profesionales de la seguridad con décadas de experiencia" y hacen referencia también a los análisis grafológicos realizados por el presidente de los peritos Castor Iglesias que, a su juicio, indican que "las anotaciones manuscritas aparecidas en algunos de los supuestos partes no se corresponde con la de las personas que han apuntado las informaciones periodísticas como presuntas autoras".

Ahora, los grupos tienen de plazo hasta las 14.00 horas de hoy para presentar sus votos particulares y el dictamen aprobado pasará a ser votado en el pleno de la Asamblea del miércoles.