Ibarra destaca que la Sala Civil y Penal del TSJPV está sometida a "auténticamente a una campaña de difamación" en los últimos meses
BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón Reyes lamentó hoy en Bilbao que se haya traspasado "la crítica jurídica razonada" a las decisiones judiciales y se acuse a los miembros de la Judicatura de "rayar en la prevaricación", al atribuirles la adopción de decisiones por "razones políticas".
Aragón realizó estas declaraciones en una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en el Palacio de Justicia de la capital vizcaína, donde participó en la primera jornada de "informar en Justicia".
En ella, el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) destacó que los miembros de la Sala Civil y Penal del alto Tribunal vasco están siendo sometidos "auténticamente a una campaña de difamación" en los últimos meses, en referencia a las acusaciones de las que ha sido objeto desde que admitiera a trámite la querella contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por reunirse con Batasuna.
Durante su intervención, Manuel Aragón afirmó que "los jueces sólo deben hablar a través de providencias, autos y sentencias", pero precisó que "esa máxima hace que el juez tenga que callar y, a veces, ocurre que se vierten opiniones, no sólo por periodistas sino también por políticos acerca de los jueces, ya sean del Tribunal Constitucional, ya sean del Tribunal Supremo o del TSJPV, con calificativos no correctos".
En este sentido, recordó que, en ocasiones, se les atribuyen "una tendencia, incluso un prejuzgamiento de asuntos que tienen sometidos a su jurisdicción o una cualificación política que parece que directamente nos va a llevar a adoptar decisiones no por razones del Derecho, sino por razones de la política".
A su juicio, "eso es una calumnia porque en eso consiste el delito de prevaricación". Por ello, dijo que "sería conveniente que se tuviese respeto por las instituciones porque esos argumentos 'ad hóminem' no son los más convenientes".
El magistrado apuntó que, "cuando hay personas que tienen responsabilidades públicas, sí deberían abstenerse de hacer" este tipo de consideraciones, pero señaló que, "en cuanto a la opinión pública o periodistas, hay libertad de expresión". No obstante, recordó que es necesario que se tenga "cuidado" con las críticas porque "se deslegitima a la Justicia".
Tras lamentar los "descalificativos que se utilizan tanto últimamente y que son inconvenientes", dijo que "no puede vivir sin la crítica, no sólo porque la libertad de expresión sea un pilar absolutamente básico de un sistema constitucional, sino porque, además, en esa crítica tiene también sus límites los poderes publicos incluido el Poder Judicial".
En este línea, consideró "estupendo" las críticas a las resoluciones judiciales "forma de control social y cultural sobre el ejercicio del poder", siempre que sea "razonada, científica y jurídica".
Sin embargo, lamentó que "se traspase ese estadio de la crítica jurídica razonada y se impute a determinadas personas o bloques actuaciones que pueden rayar en la prevaricación" porque es perjudicial "para el sistema".
"CRITERIOS ESPUREOS"
Por su parte, Juan Luis Ibarra subrayó que "hay críticas que están en la opinión pública en este momento" que son, en realidad, "opiniones 'ad hóminem', es decir, de lo que se trata es de que se interpela a un determinado juez o persona de un órgano judicial y se le interpela bajo la más o menos velada acusación de que no actúa de acuerdo con criterios jurídicos o profesionales, sino que actúa con criterios espúreos", en referencia a las acusaciones realizadas contra los miembros de la Sala Civil y Penal del TSJPV.
A su entender, "cuando a un juez se le somete a este tipo de crítica y, además, es por definición, el órgano judicial y la persona dentro de ese órgano judicial se ve sometida a una situación en la que no hay manera lógica de salir de ella". "Lo único que puede hacer es abrir el paraguas y confiar en que los periódicos tienen la vigencia que tienen hasta que sirven para envolver lo bocadillos al día siguiente", añadió.
En este sentido, lamentó que esta situación la vivan los jueces "con excesiva frecuencia en los últimos tiempos" y consideró que puede llegara a afectar "a la calidad de la Justicia".
Ibarra señaló que esto "desazona" y precisó que "la actuación judicial sometida a crítica bajo parámetros profesionales o jurídicos, no produce ningún tipo de ansiedad en el juez porque estamos preparados para eso". "Para lo que no estás preparado es para las campañas, en definitiva, de difamación, y la verdad es que en la Comunidad Autónoma Vasca la Sala Civil y Penal del TSJPV en los últimos meses ha estado sometida auténticamente a una campaña", destacó.
El máximo representante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV apuntó que "no es bueno para el funcionamiento del Estado de Derecho que se hagan argumentaciones 'ad hóminem', como se han hecho respecto a los miembros de la Sala de lo Civil y lo Penal".
"Los jueces tenemos una capacidad de aguante como cualquier persona, sabemos abrir el paraguas cuando llueve, pero, en todo caso, no es lo deseable. Lo deseable sería ventilar los temas de fondo de una manera ordenada, sensata y sin necesidad de recurrir a las biografías ni a las opciones que cada cual practique cuando lleguen los momentos electorales", subrayó.
En esta línea, instó a asumir que "hoy en las administraciones de Justicia en Europa, en un porcentaje de casos no muy amplio, necesitan integrar elementos de politicidad". "Entre los elementos de politicidad y la politización hay un mundo que, o bien se recorre o no, pero lo que no puede ser es que, en todos los asuntos en los que haya elementos de politicidad que, por definición, quien está mínimamente perjudicado por ese proceso o ese enjuiciamiento, inmediatamente haga una argumentación 'ad hóminem', diciendo que de esos elementos de politicidad se sigue una conducta politizada", dijo.
A su entender, de esta forma, "no gana el sistema, sino que lo oscurece". Además, afirmó que "no puede ser" que los miembros de la Judicatura tengan "que dar las explicaciones, sino que, en todo caso, las imputaciones tendrán que venir basadas en un mínimo de argumentación, por lo menos, de datos".
Para el magistrado, "no es nada bueno" que los tribunales "formen parte del escenario de la política del espectáculo", pero reconoció que desconoce cómo se puede evitar esto porque los jueces "no suelen ser muy verborréicos y no suelen "decir muchas cosas".
Por ello, calificó de "injusto lo que está sucediendo" con los miembros de la Sala Civil y Penal, que "está llevando a cabo determinados enjuiciamientos en los que, en definitiva, se establece una conexión entre miembros del Poder Ejecutivo y el Derecho Penal".
